Ex policías de Artigas fueron procesados sin prisión por peculado, fraude y contrabando

Todo comenzó en 2010 con una denuncia del ex subcomisario de la Jefatura de Artigas Roy González, que había señalado ante la Justicia una serie de maniobras con predios productivos pertenecientes a la Jefatura, uso de vales de combustible y la salida de reclusos a trabajar en las viviendas privadas de funcionarios policiales, según informó el medio local Artigas Noticias, y confirmó Montevideo Portal con fuentes de la Justicia.

Tras varios años de investigación, en febrero de este año la fiscal de Artigas Carolina Daen solicitó el procesamiento con prisión del Inspector Principal Hugo Ferreira Martínez -que estuvo desde 2005 a 2016 a cargo de la Jefatura departamental- por los delitos de peculado, fraude y contrabando, y otros ex jerarcas y una escribana.

El dictamen, citado por el mencionado medio local, señala que los procesados "obtenían un provecho injusto derivado de la mano de obra gratuita en algunos casos y a cambio de una suma vil en otros, en claro abuso de sus funciones".

El entonces jefe de Policía sacaba de la cárcel a hombres para que trabajaran en la refacción de las viviendas de integrantes de su comando.

La investigación también arrojó que los policías formaron una "comisión administradora" cuyo cometido era "administrar" los bienes inmuebles que eran del Estado y de la Jefatura.

Se explotaba comercialmente la panadería y carnicería policial, "desviando claramente el destino de ellas, consistente en el abastecimiento interno de funcionarios policiales y personas privadas de libertad".

Se comercializaba lo producido en ambos lugares y se vendió maquinaria perteneciente a la Panadería, como el horno y la amasadora industriales.

Por otra parte, el dictamen señala que los procesados faenaron y comercializaron ovejas y lana y que realizaron "numerosas compras" en free shops y en comercios fuera del país.

No sólo utilizaron personas privadas de libertad para trabajar, si no también funcionarios policiales, a los que se les encomendó la realización de trabajos de sanitaria, electricidad, albañilería, etc, en las viviendas particulares de los jerarcas y funcionarios, dentro del horario laboral y sin compensación extra.

Por último, sostiene que las utilidades y ganancias de todas las actividades irregulares constatadas, que debían ser volcadas a Rentas Generales, fueron en "gran parte utilizadas en beneficio personal de los jerarcas investigados, causando un grave daño al erario del Estado".

Precisamente el ex jefe, dos ex sub jefes, un contador, una escribana, un encargado de cárceles, fueron los procesados sin prisión.