En los próximos días se producirán instancias decisivas en el caso del menor que perdió un testículo a raíz de una agresión sufrida en la UTU de la localidad rochense Castillos.

Tal como informáramos, el hecho ocurrió en mayo de 2025. La familia del lesionado decidió radicar una denuncia penal, señalando que en casi un año no obtuvieron respuestas concretas por parte de las autoridades. “No buscamos venganza, solo justicia, y que esto no vuelva a repetirse”, expresó la mujer.

Edgar Luzardo, abogado de la familia, se refirió, en las últimas horas, al estado de la causa.

En diálogo con el periodista rochense Willan Dialutto, recogido por el medio Inf Central, señaló que existe “una instancia administrativa en Montevideo”, que, según supo la familia, “está en curso de ser archivada”.

Según Luzardo, esto sucede porque “las autoridades de UTU, o el instructor, entienden que no hay elementos como para acreditar que la situación se haya producido dentro de las instalaciones del centro educativo”. Para el abogado, ese argumento no es de recibo.

“No llama mucho la atención, porque eso daría a pensar que aquí se estaría faltando a la verdad. Es claro que el hecho ocurrió; es claro que hay una amputación, en este caso un testículo del menor, y es claro que deberían de haberse tomado algún otro tipo de recaudos para salvaguardar el derecho de estudiar del menor, que hoy no está concurriendo a la UTU”, aseveró.

Tras la denuncia de los padres del estudiante, “Fiscalía comienza con la instrucción de la investigación y, transcurrido el tiempo sin haber noticias para la familia o para este letrado patrocinante, decide proceder al archivo de las actuaciones, hace cuestión de menos de un mes”, recordó Luzardo.

Al saber de esa intención de archivo, el abogado se presentó en el juzgado que lleva el caso “solicitando el reexamen de las actuaciones y que eventualmente otro fiscal lleve adelante las actuaciones, porque entendemos que se ha hecho muy poco, y lo que se ha hecho no se condice con una investigación eficaz, veraz y profesional que debería tener Fiscalía”.

Para el patrocinador, la fundamentación que realiza Fiscalía al momento de solicitar el archivo “es demasiado pobre”, y contrasta llamativamente “con el profesionalismo que han tenido en algunos otros casos los profesionales fiscales de Rocha”.

Luzardo informó que el próximo 21 de mayo habrá una audiencia en el juzgado “en la que se procedería a dictaminar si corresponde o no el reexamen del caso”.