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España: desalojo a la fuerza de una anciana incapacitada movilizó a una multitud
Celebridades como Ana Belén y Carlos Bardem se sumaron a la protesta, pero no pudieron evitar el desahucio.
El desalojo de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba cerca de siete décadas viviendo en el mismo inmueble de Madrid, se convirtió en el centro de una movilización de vecinos, activistas y organizaciones defensoras del derecho a la vivienda. La mujer resistió varios intentos de lanzamiento antes de que, finalmente, esta mañana se ejecutara la orden judicial.
La imagen de la octogenaria rodeada de personas que intentaban impedir su expulsión se transformó en uno de los símbolos de la crisis de vivienda en España. Personalidades como Ana Belén y Carlos Bardem se sumaron a las protestas, aunque la movilización no consiguió frenar el desalojo.
?? Ana Belén acude en apoyo de Maricamen ante su inminente desahucio: "Se ha visto como se ha ido deteriorando por la tristeza" https://t.co/a2FDFIZYjk pic.twitter.com/BB34dvpsOf
— EL PAÍS (@el_pais) September 22, 2026
Pues yo le tengo muchas críticas a Ana Belen, pero ahí está, a sus 75 años, con la vida más que resuelta, dando la cara y jugándosela para que un fondo buitre no desaloje de su vivienda a una señora de 87 años.
— Abraham Mendieta (@abrahamendieta) September 22, 2026
La vida se trata de no ser un sinverguenza. pic.twitter.com/PLCu2ADKsp
??El alegato de Carlos Bardem contra la especulación de la vivienda: “Tenemos que recuperar nuestras ciudades. No pueden ser un parque de atracciones para especuladores y turistas” pic.twitter.com/7VC7rHOPIO
— Público (@publico_es) September 22, 2026
Detrás del caso existe una disputa judicial que se prolongó durante años y que involucra sucesivos cambios en la propiedad del inmueble, un antiguo contrato de alquiler y la situación de vulnerabilidad económica de la inquilina, según detalla una crónica publicada por el periódico El Plural.
Comienza la acampada en Sainz de Baranda, 46.
— WOKEUP (@WokeUp_News) September 22, 2026
VEN, HAGAMOS QUE ESTE PORTAL SEA INDESAHUCIABLE. pic.twitter.com/1ThvF45Fjd
El conflicto también puso nuevamente sobre la mesa el debate sobre los contratos de renta antigua y el equilibrio entre el derecho de propiedad y la protección de los inquilinos en situación de vulnerabilidad.
Una propiedad que cambió de manos
Uno de los principales puntos de inflexión se produjo en 2018, cuando la finca fue adquirida por Renta Corporación, una de las principales compañías inmobiliarias de España. Poco después, la empresa ofreció a Maricarmen comprar la vivienda por 247.000 euros.
La pensionista no pudo afrontar la operación, tanto por el importe solicitado como por las dificultades para obtener financiación bancaria a su edad.
Aquí Mari Carmen puede explicar cómo ha sucedido su deshaucio.
— José Vico ?????????? (@josevico4) September 23, 2026
Ella no ha dejado de pagar el alquiler de su casa de toda la vida, llegó un fondo buitre y le compró al propietario toda la finca, con ella incluida.
Para hacer negocio, compra por 240.000 y vende por 900.000 euros.… pic.twitter.com/iuUd13UpBr
Posteriormente, el inmueble pasó a manos de Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, que también opera bajo la denominación Urbagesa. Según información difundida por el Sindicato de Inquilinas y recogida por El HuffPost, detrás de esta sociedad se encuentran los empresarios Ricardo y Fernando Alonso.
La compañía rechaza definirse como un fondo de inversión y se presenta como una entidad dedicada al análisis y asesoramiento de operaciones inmobiliarias.
Según el Sindicato de Inquilinas, la empresa elevó el alquiler de Maricarmen de unos 500 euros a 2.650 euros mensuales. Posteriormente, ofreció reducir la renta a 1.650 euros. La compañía también rechazó una propuesta para que una donante anónima se hiciera cargo de la diferencia entre la cantidad que podía pagar la anciana y la renta exigida.
Casi 70 años en la misma vivienda
La relación de Maricarmen con el inmueble de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro, comenzó en 1956. Ese año, su padre formalizó un contrato de alquiler sometido al régimen de renta antigua, que durante décadas permitió a numerosas familias españolas mantener una residencia estable.
La situación es tensa frente al portal de Maricarmen: un manifestante consigue romper el cordón policial. Un agente lo tira al suelo y lo golpea pero no logra impedir que se una al resto de los activistas
— EL PAÍS (@el_pais) September 23, 2026
?? Sergio Aires https://t.co/jUFGdIaN8t pic.twitter.com/UTNmt88LBc
Después del fallecimiento del titular original, el contrato pasó a su madre mediante una subrogación. En 2005, Maricarmen asumió la titularidad del arrendamiento con el consentimiento de la propiedad.
Desde entonces, el inmueble continuó siendo su residencia habitual.
La disputa judicial
El conflicto se centró en la vigencia del contrato de alquiler que permitió a Maricarmen permanecer en la vivienda. La propiedad sostuvo ante los tribunales que la segunda subrogación debía haberse extinguido en 2007.
En primera instancia, un juzgado rechazó esa interpretación y falló a favor de la arrendataria. Sin embargo, el proceso continuó y tanto la Audiencia Provincial como posteriormente el Tribunal Supremo determinaron que esa segunda subrogación únicamente podía mantenerse durante un período limitado, de acuerdo con la normativa aplicable.
Uno de los elementos determinantes fue el grado de discapacidad reconocido a Maricarmen. La mujer presenta movilidad reducida como consecuencia de varias intervenciones de cadera y tiene reconocido oficialmente un grado de discapacidad del 50%.
La policía desaloja a manifestantes que intentan impedir el desahucio de Maricarmen, entre ellos Inés Hernand, mientras el Sindicato de Inquilinas negocia una prórroga a la que se niega el fondo.
— EL PAÍS (@el_pais) September 23, 2026
?? Sergio Aires Machadohttps://t.co/jUFGdIaN8t pic.twitter.com/QbHu20n1Pu
Los tribunales consideraron, sin embargo, que no alcanzaba el 65% establecido por la legislación para acceder a determinadas protecciones adicionales.
Un alquiler que supera su JUBILACIÓN
Tras la resolución judicial, la situación económica de Maricarmen cambió de forma sustancial. Según los datos difundidos por el Sindicato de Inquilinas, la nueva propiedad estableció inicialmente una renta mensual de 2.650 euros y posteriormente planteó reducirla a 1.650 euros.
La cantidad continuaba siendo superior a la pensión de la mujer, que ronda los 1.300 euros mensuales.
Hasta ese momento, Maricarmen pagaba aproximadamente 500 euros al mes, de acuerdo con las condiciones de su antiguo contrato.
La diferencia entre esa cantidad y la nueva renta se convirtió en uno de los principales argumentos de quienes reclamaron que la mujer pudiera permanecer en el inmueble, al considerar que el nuevo importe resultaba imposible de asumir para una pensionista de su situación.
Una escritora ofreció pagar el alquiler
Pocos días antes del desalojo, una conocida escritora ofreció hacerse cargo de parte del alquiler para evitar que Maricarmen tuviera que abandonar la vivienda.
Según informó El País, la mujer prefirió mantener su identidad en reserva y se puso en contacto con el Sindicato de Inquilinas para negociar con el abogado de la empresa propietaria.
La propuesta consistía en que Maricarmen continuara pagando los 500 euros mensuales que abonaba hasta entonces y que la donante asumiera el resto hasta completar los 2.650 euros exigidos por la empresa.
La escritora también se comprometió a hacerse cargo de la deuda acumulada y a continuar pagando el alquiler durante el tiempo que fuera necesario.
La propiedad rechazó la propuesta.
De un conflicto vecinal a una movilización nacional
El litigio, que durante años permaneció circunscrito al ámbito judicial y vecinal, terminó adquiriendo una dimensión nacional.
Los distintos intentos de ejecutar el desalojo generaron concentraciones de vecinos, campañas de solidaridad y una amplia cobertura de los medios de comunicación. La participación de organizaciones sociales y la presencia de personas conocidas del ámbito cultural contribuyeron a convertir el caso en uno de los ejemplos más visibles de las reivindicaciones por el derecho a la vivienda en España.
El último intento por evitar el desalojo
Antes de la ejecución definitiva, los representantes legales de Maricarmen mantuvieron durante más de una hora conversaciones con la comisión judicial encargada de ejecutar la orden y con representantes de Urbagestión.
Están accediendo al portal a mazazos. pic.twitter.com/F0h36PQwrK
— Alejandra Jacinto (@AleJacintoUrang) September 23, 2026
La defensa intentó encontrar una alternativa que permitiera evitar que la mujer abandonara su vivienda. Según explicó la abogada Beatriz Duro, entre las propuestas estuvieron la suspensión cautelar del procedimiento por motivos humanitarios, esperar a que el juzgado resolviera un escrito presentado recientemente, aceptar que un tercero asumiera el pago de la renta o conceder algunos días adicionales para que las administraciones pudieran buscar una solución residencial.
"Ninguna de las opciones ha sido aceptada", lamentó la abogada.
La defensa también sostuvo que la propiedad no accedió a conceder unas horas adicionales para que Maricarmen pudiera recoger sus pertenencias.
"Hemos intentado acordar una salida digna y no ha sido posible", afirmó Duro ante el edificio del distrito de Retiro.
Según la versión de la defensa, la única alternativa planteada por Urbagestión fue que la inquilina proporcionara una dirección posterior a la que pudieran enviarse sus muebles y pertenencias.
Llegó el momento: expulsan a Maricarmen de su casa.
— Sarah Santaolalla. ? (@SarahPerezSanta) September 23, 2026
Rabia y dolor. pic.twitter.com/AItbrPKdrT
El caso de Maricarmen quedó así convertido en un conflicto que va más allá de su situación personal y vuelve a poner en discusión el tratamiento de los contratos de renta antigua y las medidas de protección aplicables a los inquilinos vulnerables.
La jurisprudencia detrás del caso
El abogado madrileño Javier Flores, que siguió de cerca el caso, explicó en un hilo de X los pormenores del caso de Maricarmen, y consideró que la normativa debió interpretarse de otro modo.
Mañana a las 7:30 una mujer de 87 años puede perder la casa en la que vive desde 1956. El motivo no es un impago, sino una norma aplicada a un país en el que su madre no podía ser titular de un contrato. Así es como pasa. ??
— Jota Vaquerizo (@JotaVaquerizo) September 22, 2026
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