España: allanan funeraria que vendía cadáveres a 1.200 euros la unidad

En la década de 1820, un caso policial conmovió al Reino Unido.

William Burke y William Hare, irlandeses radicados en Escocia, comenzaron allí un “emprendimiento” cuyo éxito condujo a la horca al primero de ellos.

Todo comenzó debido a una reforma jurídica que redujo notoriamente las condenas a muerte en Escocia, lo que hizo que disminuyera también la cantidad de cadáveres disponibles para los estudiantes de medicina. Esta demanda insatisfecha fue aprovechada por “emprendedores”, a los que se llamaba coloquialmente “resucitadores”: vulgares profanadores de tumbas que sacaban sacaban cadáveres de los cementerios y los vendían a docentes y estudiantes que no hacían preguntas.

Este mercado macabro fue revolucionado por Burke y Hare, quienes comenzaron a proporcionar “género fresco” mediante el directo y brutal expediente del asesinato a sangre fría.

Los reportes de la época achacan dieciséis homicidios a la dupla. El caso generó una gran conmoción pública en el país, y aportó un nuevo verbo a la lengua inglesa: el “burking” o “burkeo”, que define a un asesinato que se comete de manera rápida, eficaz y sin tormentos a la víctima. Así era el procedimiento de Burke, que procuraba hacerse con su mercadería de manera rápida y sin dañarla más de lo necesario.

Si bien la sombra de Burke y Hare ha quedado atrás en el tiempo, la venta de cadáveres parece ser considerada buen negocio para algunos en pleno siglo XXI.

Así lo sugiere lo ocurrido en España, donde en las últimas horas la Policía desarticuló un entramado criminal acusado de falsificación de documentación para retirar cadáveres de hospitales y residencias de ancianos, con el fin de venderlos ilegalmente a universidades. Cuatro personas, empleadas de una empresa funeraria, fueron detenidas por su presunta responsabilidad en la maniobra.

Según informó este lunes la Policía, los detenidos, cuatro varones de entre 41 y 74 años acusados de delitos de estafa y falsedad documental, quedaron en libertad provisional tras prestar declaración, en espera de lo que decida un juez de la ciudad española de Valencia.

Los cuerpos eran vendidos a unos 1.200 euros y la banda buscaba fallecidos sin familiares, preferiblemente extranjeros o que hubieran tenido condiciones de vida precarias, con menos posibilidades de que fueran reclamados los restos mortales, indicó en un comunicado.

La investigación comenzó a principios de 2023, tras tener conocimiento los agentes que se habría retirado el cadáver de un fallecido de la morgue de un hospital de manera irregular por parte de una funeraria, mediante falsificaciones en el registro del centro sanitario y en la documentación facilitada al Registro Civil.

Los investigadores comprobaron que dos trabajadores de una funeraria, tras falsificar documentos, habrían trasladado el cuerpo a una universidad para su estudio, en vez de haberle dado sepultura.

El fallecido debería de haber sido enterrado en un sepelio de beneficencia abonado por el ayuntamiento de una localidad en la que residía en la provincia de Valencia, pero fue vendido sin que ningún familiar o amigo hubiera dado consentimiento, según la Policía.

Los policías localizaron otro caso con el mismo procedimiento, esta vez con el cuerpo de un fallecido en una residencia de ancianos, y posteriormente detectaron también irregularidades en incineraciones de cuerpos supuestamente donados a la ciencia.

Los agentes averiguaron que la funeraria habría facturado a una universidad 5.040 euros por 11 incineraciones que no aparecían reflejadas en las facturas emitidas por ninguna incineradora de Valencia, según consigna la agencia noticiosa EFE.

Al parecer, los investigados aprovechaban la disección de los cuerpos para introducirlos en féretros de otros difuntos, realizando en una sola la cremación de varios cadáveres, ahorrándose pagar por varias y, a la vez, facturándolas a la universidad, sacando notables beneficios.