Escribanos actuaron con poderes falsos en Uruguay, pero fueron absueltos: los motivos

La Fiscalía de Maldonado llevó adelante un proceso de más de siete años tras acusar a cuatro personas, tres escribanos públicos y uno particular, por formar parte de una organización criminal dedicada a detectar terrenos baldíos. 

De acuerdo con el Ministerio Público, la maniobra se concentraba en Maldonado y en Rocha y tenía como víctima a ciudadanos extranjeros, quienes no visitaban Uruguay por muchos años. 

La Fiscalía entendía que los escribanos confeccionaban poderes y escrituras falsas para vender los terrenos a precios bajos a miembros de la misma red. El paso final era revender las propiedades a compradores de buena fe.  

De acuerdo con los elementos obtenidos, se pidieron siete años para dos de los escribanos por falsificación ideológica de documento público, estafa y asociación para delinquir. 

En un tercer caso, la pena solicitada fue de cinco años; el cuarto profesional fue acusado de asociación para delinquir y estafa, por lo que la Fiscalía solicitó cuatro años. 

Durante el proceso penal se constataron tres aspectos de forma irrefutable, de acuerdo con el entender de la Justicia. El primero es que dos matrimonios argentinos —García-Tejera y Zabala-Feijóo— compraron legalmente múltiples lotes en los balnearios El Caracol, El Bonete y Costa Bonita entre 1976 y 1979. 

El segundo aspecto es que las pericias caligráficas y los registros de Migraciones demostraron que los dueños reales nunca firmaron los poderes ni las escrituras de venta dado que ni siquiera se encontraban en Uruguay en las fechas de las supuestas firmas. 

El tercer punto, según la sentencia a la que accedió Montevideo Portal, es que se comprobó que los escribanos acusados intervinieron formalmente autorizando escrituras de compraventa o utilizando poderes falsos que, en su momento, lucían como originales. 

Pese a que quedó plenamente demostrada la falsedad de los poderes y que las firmas de los verdaderos dueños fueron plagiadas por terceros, la Justicia resolvió absolver a los cuatro acusados ante la falta de certeza y la ausencia de pruebas sobre el dolo; es decir, la intención criminal de los escribanos. 

Para las autoridades del juicio, la Fiscalía no probó la existencia de un “pacto criminoso” o una organización coordinada entre los acusados. Simplemente, las conexiones entre sí se trataron de coincidencias laborales o profesionales como compartir oficinas o derivarse clientes. 

No hubo intención delictiva, al entender de la Justicia, porque los poderes e instrumentos usados tenían una apariencia legítima de autenticidad que también engañó a otros escribanos del medio y compradores legítimos. 

Tampoco se comprobó que los cuatro acusados omitieran de forma deliberada los controles de identidad básicos, que rigen la práctica notarial. 

Si bien una de las acusadas por Fiscalía cometió ciertas “desprolijidades”, como agregar exclusiones a mano o interactuar con otra colega para subsanar errores en los padrones, son alternativas plausibles de un desempeño descuidado, pero no prueban la intención de cometer fraude. 

Por último, no se pudo demostrar que los acusados recibieran un beneficio económico por fuera de lo normal por el trabajo que realizaron. 

Leandro Arévalo, uno de los abogados que defendió a los escribanos, consideró que “es una sentencia que marca un antes y un después en cuanto a la seguridad de todos los profesionales para un ejercicio libre, dotando de tranquilidad a todas las personas que actúen dentro de lo que establece la ley”.

“En este caso se vislumbra la imparcialidad del Poder Judicial reivindicando el irrestricto respeto de los principios que rigen el debido proceso penal”, dijo en diálogo con Montevideo Portal.