Escándalo por práctica de espionaje en Argentina

El Gobierno de Argentina negó el viernes la práctica de tareas de espionaje para reprimir protestas sociales y ordenó realizar una auditoría sobre el denominado "Proyecto X" puesto en marcha por la Gendarmería supuestamente para recabar información sobre dirigentes sociales.

"No admitimos espionaje y si llegara a haber seremos inflexibles", aseguró la ministra de Seguridad argentina, Nilda Garré, cuya comparecencia ante el Parlamento fue solicitada este jueves por diputados de la oposición.

A través de la red social Twitter, Garré aseguró que el Gobierno de Cristina Fernández sostiene "una clara posición respecto a la no criminalización de la protesta social y límites a la acción policial".

Siete legisladores de partidos opositores de todo el arco político presentaron este jueves un proyecto de resolución para que Garré brinde explicaciones sobre el denominado "Proyecto X", una operación mediante la cual efectivos de la Gendarmería se habrían infiltrado en protestas sindicales y sociales con el fin de recabar información de sus líderes y volcarla a una base de datos.

"Antes de aventurar conjeturas, ordené una auditoría del 'Proyecto X', que es en realidad un software, para evaluar qué contiene", dijo hoy Garré.

La existencia del "Proyecto X" fue revelada esta semana por la cadena TN, aunque había sido denunciada ante la Justicia en noviembre por Myriam Bregman, abogada y dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).

Algunos militantes del PTS, a su vez representantes sindicales, dicen haber sido blanco de las supuestas prácticas de espionaje de la Gendarmería.

Según un documento presentado por TN, el comandante general de la Gendarmería, Héctor Schenone, reconoció la existencia del "Proyecto X" en un escrito presentado ante el juez Norberto Oyarbide, quien investiga los hechos denunciados.

La ley de Inteligencia Nacional de Argentina establece que ningún organismo oficial de espionaje puede obtener datos de personas por el solo hecho de que éstas adhieran o pertenezcan a organizaciones partidarias, sociales o sindicales.

La denuncia por el "Proyecto X" coincide con protestas realizadas en los últimos días contra la nueva ley antiterrorista, aprobada en diciembre pasado y que, según sus críticos, deja abierta la posibilidad de que las huelgas y las protestas sociales puedan ser calificadas como actos de sabotaje con fines políticos y, por tanto, como actos terroristas.

En las últimas semanas ha habido un aumento de las protestas sociales en Argentina, tanto por las movilizaciones sindicales como por las manifestaciones contra la minería a cielo abierto en el norte del país.

(Fuente: EFE)