Enviaron proyecto para dar facilidades a deudores de Caja de Profesionales: los detalles

El Poder Ejecutivo remitió a la Asamblea General un nuevo proyecto de ley que introduce modificaciones clave en la normativa de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. La iniciativa, firmada por el presidente de la República, Yamandú Orsi, y el gabinete ministerial, apunta a mejorar la recaudación del instituto y a destrabar convenios de control clave que se encontraban paralizados por restricciones legales previas.

El documento, dirigido formalmente a la presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse, surge de un trabajo de coordinación con la propia Caja de Profesionales. Su propósito central es corregir los efectos adversos de la morosidad y eliminar trabas burocráticas que afectaban la sostenibilidad de este esquema previsional solidario e intergeneracional.

El primer artículo del proyecto establece un régimen excepcional de facilidades de pago dirigido a personas físicas o jurídicas que mantengan deudas por concepto de tributos y gravámenes indirectos (regulados por el artículo 71 de la Ley nº 17.738).

Los puntos centrales de este plan de regularización incluyen un plazo de adhesión, es decir que los interesados dispondrán de un año a partir de la promulgación de la ley para suscribir el convenio.

Respecto a su alcance, podrán incluirse todas las deudas generadas hasta el mes anterior a la firma, abarcando incluso aquellas obligaciones que ya formaron parte de refinanciaciones anteriores.

El monto total de la deuda se calculará tomando el capital original, libre de multas, intereses o recargos, y se convertirá a Unidades Reajustables (UR) según el valor que poseía al momento de generarse cada obligación mensual. 

Además, los pagos se actualizarán al valor de la UR vigente y se imputarán a las deudas más antiguas. La cancelación total deberá realizarse en un plazo máximo de 12 meses, bajo una modalidad libre (sin un plan de cuotas fijo).

El Poder Ejecutivo advirtió que el incumplimiento del plazo de un año para cancelar el convenio provocará el restablecimiento automático de la deuda original, aplicándose todas las multas y recargos correspondientes por ley.

El segundo gran eje del proyecto de ley radica en la derogación del artículo 13 de la Ley nº 20.410 (promulgada en julio de 2025). Dicha normativa había incorporado severas restricciones al intercambio de información de la Caja de Profesionales con otros organismos del Estado. Hasta ahora, la caja solo podía consultar si un afiliado que declaraba “no ejercicio” registraba actividad independiente, prohibiéndosele el acceso a datos esenciales como ingresos, deudas, domicilios u otra información personal.

Según la exposición de motivos del gobierno, este blindaje de datos generó un “deterioro en las capacidades de control” y obstaculizó las tareas cotidianas de la institución. El bloqueo impedía cumplir a cabalidad con el Sistema Previsional Común (Ley nº 20.130), el cual requiere cruzar datos entre subsistemas para calcular correctamente prestaciones actuales como las pensiones de sobrevivencia o el "suplemento solidario".