Entró en vigencia la Ley de Eutanasia: quiénes pueden acceder y cómo es el procedimiento

Uruguay puso en vigencia este martes 21 de abril la llamada Ley de Eutanasia o Ley de Muerte Digna luego de que el Poder Ejecutivo aprobara su reglamentación a través del Ministerio de Salud Pública, lo que habilita por primera vez un procedimiento para acceder a la muerte asistida bajo condiciones específicas.

Quiénes pueden acceder

La normativa establece criterios estrictos y acumulativos para poder solicitar la eutanasia. En primer lugar, la persona debe ser mayor de edad y encontrarse en pleno uso de sus facultades mentales, lo que implica estar “psíquicamente apta” para tomar una decisión informada. Además, deberá padecer una enfermedad grave e incurable de carácter irreversible, que la coloque en una situación clínica sin posibilidades de mejoría.

La ley contempla dos escenarios posibles: por un lado, pacientes en etapa terminal y, por otro, personas que, sin estar necesariamente en esa fase, sufran un deterioro avanzado de su calidad de vida acompañado de padecimientos físicos o psíquicos considerados insoportables.

A esto se suma el requisito de ciudadanía uruguaya o residencia habitual en el país, lo que delimita el acceso al Sistema Nacional de Salud.

Cómo es el procedimiento

El acceso a la eutanasia no es inmediato ni automático, sino que está sujeto a un procedimiento “formal, progresivo y altamente controlado”. El proceso comienza con una solicitud expresa de la persona interesada, que debe realizarse por escrito y en presencia de un médico, dejando constancia clara de su voluntad.

A partir de ese momento, se activa una primera evaluación médica, en la que el profesional tratante debe verificar que se cumplen todas las condiciones previstas por la ley. Esto incluye no solo el diagnóstico clínico, sino también la comprobación de que el paciente comprende el alcance de su decisión y que esta no está condicionada por presiones externas.

La reglamentación agrega instancias adicionales de control que apuntan a reforzar las garantías. Entre ellas, se prevén mecanismos de confirmación de la voluntad, evaluaciones complementarias y procedimientos estandarizados que aseguran la trazabilidad de cada caso dentro del sistema de salud. El objetivo es que la decisión sea libre, informada, sostenida en el tiempo y adoptada en un contexto de acompañamiento médico.

Un elemento central del proceso es que la voluntad del paciente es revocable en cualquier momento. Esto significa que, aun habiendo iniciado el trámite, la persona puede desistir sin necesidad de justificar su decisión, lo que refuerza el carácter voluntario del procedimiento.

Cómo se realiza la eutanasia

En caso de cumplirse todos los requisitos y completarse las instancias previstas, la eutanasia debe realizarse bajo condiciones estrictamente reguladas. La ley establece que el procedimiento debe llevarse a cabo de forma indolora, apacible y respetuosa de la dignidad de la persona, lo que implica protocolos clínicos específicos y la intervención de profesionales de la salud capacitados.

El acto se integra al sistema asistencial, lo que supone que no se trata de una práctica aislada, sino de una prestación sanitaria con estándares definidos. Esto también implica que queda registrado en la historia clínica y sujeto a controles posteriores.

La normativa no solo regula el acceso, sino que también establece mecanismos de supervisión y seguimiento de los casos. La reglamentación del MSP define un marco de garantías que incluye registros, controles institucionales y criterios técnicos para la aplicación, en línea con modelos internacionales.

Este esquema busca equilibrar dos dimensiones sensibles: por un lado, el derecho individual a decidir sobre el propio proceso de morir, y por otro, la responsabilidad del Estado de proteger a las personas en situaciones de vulnerabilidad. En ese sentido, el diseño del sistema apunta a evitar cualquier tipo de uso indebido, asegurando que cada caso sea evaluado con rigor médico, ético y legal.