Mirtha Guianze fue una de las fiscales que persiguió a los criminales de la Operación Cóndor en Uruguay, un periodo que a su juicio "necesita un mayor conocimiento público" porque "la memoria y la verdad tienen que estar presentes siempre".

Actual presidenta de la Defensoría del Pueblo de Uruguay, viajó a Italia para conocer el proceso que juzga la desaparición de una veintena de italianos como resultado de la aplicación del Plan Cóndor.

En entrevista con Efe, señaló que el Plan Cóndor "requiere mayor conocimiento público" para que sus trágicas consecuencias "no vuelvan a repetirse".

En Uruguay fueron procesadas decenas de personas por estos trágicos sucesos y las consecuencias del juicio "fueron trascendentes". Sin embargo, Guianze lamentó que carecieron de "la repercusión necesaria".

"Se hizo justicia en parte. Hace falta mucho más y hay que empeñarse en que siga. Creo que esta oportunidad en Italia [de que se celebre el proceso] hará que haya un conocimiento público de los hechos, que se sigan los juicios pendientes y que se tome conciencia de que eso no puede volver a suceder", explicó.

Su presencia en el Tribunal capitolino estuvo centrada especialmente en conocer la situación judicial de Jorge Néstor Fernández Tróccoli, que logró zafarse de la Justicia uruguaya en 2007 y viajar a Italia justo cuando iba a ser detenido.

La entrevistada explicó que se trata de "un personaje muy conocido" porque estuvo integrado en el Fusna (Cuerpo de Fusileros Navales), encargado de la represión dentro de la Marina y cuyo periodo de actividad más importante se desarrolló entre 1977 y 1978.

Con el fin de la dictadura vivió en libertad, convencido de que no se lo podía juzgar basándose en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, y llegó incluso a escribir un libro, La ira del Leviatán, en el que "admite que hubo torturas, aunque en forma de eufemismo".

Guianze recordó con "frustración" cómo finalmente logró escapar el mismo día en el que iba a ser arrestado.

"En 2005 empezamos con los juicios [...] Cuando Tróccoli fue a declarar por segunda vez tuvo la convicción de que iba a ser condenado, porque teníamos todas las pruebas, y se fue. En el momento en el que lo fueron a buscar a la casa ya no estaba", relató.

La ex fiscal dijo que "él sabe que tenemos las pruebas" y sonrió ante la posibilidad de volver a verse las caras durante la audiencia de este jueves, algo que finalmente no se produjo dado que Tróccoli, al contrario que en la pasada vista, no se personó en el Tribunal.

Guianze dijo que la dictadura (1973-1985), "un periodo gris, de plomo", es actualmente materia de interés para los jóvenes, "que están queriendo saber" frente al esfuerzo por "olvidar" de las generaciones que la padecieron.

"Hubo una generación intermedia que quizá quiso olvidar, porque había sufrido mucho. La dictadura fue un periodo gris, de plomo, que a todo el mundo lo marcó, pero las nuevas generaciones están queriendo saber", subrayó.

Italia juzga a un total de 32 imputados, 16 de ellos de nacionalidad uruguaya, que presuntamente participaron en la desaparición de una veintena de italianos en el marco de dicha operación, ideada por el dictador chileno Augusto Pinochet y que coordinó la represión en varios países de la región.

Guianze explicó que, en el caso de Uruguay, el plan se caracterizó por la prisión prolongada de los disidentes políticos.

Muchos de los responsables, que ya fueron procesados y condenados en Uruguay, ahora están nuevamente imputados en Italia gracias a "una colaboración importante" entre ambos países.

La magistrada no cree que "lleguen a cumplir toda su condena" en Uruguay por motivos de edad, dado que rondan los 70 años, y sobre los que se hallan en libertad celebró que se encuentran "presos en su país".

"Los no procesados están en una situación como presos en su país. No salen porque tienen miedo de que les caiga de cualquier lado una requisitoria. Esa también es una forma de estar presos y repudiados de pronto en algunos círculos", explicó.

Por último, Guianze señaló que la Justicia para este tipo de crímenes de lesa humanidad "no tiene fecha de caducidad" y puso como ejemplo a otros países, como Israel o España.

"En estos momentos estamos viendo que todavía el pueblo judío está persiguiendo a las personas que quedan vivas [responsables del Holocausto], que en España se está tratado de encontrar los cuerpos de los desaparecidos, creo que estas cosas no se pueden olvidar", dijo.

Y concluyó: "En el tema de la memoria, verdad y justicia, a veces no se puede hacer justicia porque están muertos los perpetradores, pero la memoria y la verdad tienen que estar presentes siempre".

El juicio en Italia

El Tribunal de Roma celebró este jueves una nueva audiencia en la que se constituyeron como partes civiles familiares y organizaciones de víctimas de la Operación Cóndor.

Tuvo lugar en el aula búnker de la prisión romana de Rebibbia y, durante sus casi siete horas de duración, se procedió a la constitución de las partes civiles, en cuyo nombre se da inicio a este juicio.

La jueza de la III Sección Penal, Evelina Canale, aceptó a todos los familiares de las víctimas, antiguos miembros de la disidencia política de las Juntas Militares de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay.

También aprobó la constitución como demandante de organizaciones como la Asociación de Familiares de Detenidos de Bolivia (ASOFAMD) y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile (AFDD).

Rechazó por contra la presencia de la asociación argentina Abuelas de Plaza de Mayo porque su finalidad —consideró— no se corresponde con lo juzgado en este proceso y porque su fundación se produjo después de los hechos investigados.

Canale tuvo que deliberar durante una hora para determinar qué personas jurídicas podrían participar en el proceso, dado que algunas de ellas fueron fundadas después de los hechos o no están relacionadas directamente con ellos, como el Ayuntamiento de Roma.

Sin embargo, la ciudad de Roma también fue aceptada como parte civil en el juicio.

La magistrada también permitió la constitución del Partido Comunista de Chile, dado que "el fin de esta entidad se identifica con la defensa de los derechos humanos" que le legitiman a presenciar el juicio, después de perder a uno de sus dirigentes, el chileno Donato Avendaño.

La de hoy fue otra de las audiencias que constituyen la parte preliminar de este juicio en primera instancia, en el que están imputados 32 antiguos miembros y civiles vinculados a las Juntas Militares de Bolivia (1), Chile (11), Perú (4) y Uruguay.

Con el fin de garantizar la defensa de los imputados, la jueza estableció el programa del juicio y la próxima audiencia se celebrará el próximo 9 de abril a las 8.00 GMT.

EFE