Empresarios preocupados por “el Uruguay que viene” reclaman más competitividad

La Confederación de Cámaras Empresariales (CCE) brindó una conferencia de prensa en la Expo Prado en donde advirtió al sistema político de que no se puede seguir aprobando normas "que deterioren más y más la competitividad" de las empresas. En este sentido, reclamó encarar sin demoras "las reformas imprescindibles para crear un clima de negocios que incentive la inversión y el trabajo uruguayo".

"Desde hace cinco años venimos alertando a las autoridades nacionales acerca de una problemática que hoy no admite ninguna excusa más, como es la competitividad. El tiempo que teníamos para corregirla se terminó. Hoy se necesitan respuestas inmediatas, que dejen de lado meros oportunismos ajenos a la realidad productiva nacional", señaló la organización empresarial.

En este sentido, la CCE habló de su voluntad de trabajar con las autoridades y proponer alternativas para construir "un Uruguay competitivo", destacado por "una economía sólida e innovadora, de ciudadanos calificados y prósperos, con más y mejor trabajo".

"A los empresarios nos preocupa el Uruguay de hoy. Pero nos desvela el Uruguay que viene, el de nuestros hijos y nietos. Es tiempo de asumir responsabilidades. El país lo demanda", indicaron.

De esta manera, demandaron promover el debate para diseñar una regla fiscal que limite la discrecionalidad en el manejo de las finanzas públicas, profesionalizar la gestión de las empresas públicas e inhabilitar por cierto tiempo para la ocupación de cargos políticos a quienes hayan ejercido funciones de dirección en las empresas del Estado.

Por otro lado, también propusieron transformar el modelo educativo actual implementando las propuestas de Eduy21 y fortalecer las capacidades del país en materia de ciencia, tecnología e innovación. A la vez sugirieron agilizar el acceso al crédito de las pymes y mejorar el sistema de compras públicas reservando una parte del mercado a las empresas nacionales.

A su vez, reclamaron beneficios fiscales por los gastos que las empresas deben destinar a protegerse de la delincuencia, así como exoneración de tributos fijos como el aporte patronal al BPS para dueños o socios, así como el IVA mínimo o el mono tributo, para establecimientos empresariales que hayan sido víctimas de un asalto.