Empresarios denuncian cartelería ilegal en Montevideo y exigen sanciones a empresas

Las dos principales organizaciones del sector de publicidad exterior en Uruguay —la Cámara de Publicidad Exterior (CPE) y Aupema (Asociación Uruguaya de Publicidad Exterior y Medios Afines)— presentaron una carta formal a la Intendencia de Montevideo para denunciar lo que consideran una instalación sistemática e ilegal de cartelería en la vía pública por parte de las empresas Adwall S. A. (Colkey S. A.) e Isinblu S. A. (Ad360).

Según el documento, dirigido a las divisiones de Recursos Financieros e Ingresos Comerciales, las empresas mencionadas colocaron carteles fuera del marco legal establecido desde 2016, una normativa que fue consensuada con el propio sector para reducir la contaminación visual y ordenar el uso del espacio público.

“Se trata de una competencia desleal que distorsiona el mercado”, señalan las cámaras, advirtiendo que, mientras la mayoría de las firmas ha cumplido con la reglamentación, estas operadoras habrían actuado con “total impunidad”.

Críticas a la Intendencia por falta de controles

En un anexo de 27 páginas, las organizaciones aportaron evidencia fotográfica y técnica de las infracciones denunciadas, y afirmaron que la Intendencia no ha dispuesto ninguna remoción de carteles en los últimos años pese a las denuncias documentadas.

Además, alertan que algunos permisos podrían haber sido otorgados por la administración fuera del marco normativo, lo que podría configurar irregularidades administrativas.

Responsabilidades compartidas y posibles acciones legales

La carta subraya que los propietarios de los inmuebles o terrenos donde se instala la cartelería también son solidariamente responsables según la reglamentación vigente, y que pueden ser intimados por la autoridad competente. Asimismo, las cámaras no descartan acudir a la Justicia si no se toman medidas concretas.

Entre las solicitudes principales, se incluyen:

• La desinstalación de toda cartelería en infracción en un plazo máximo de 60 días.

• La acción inmediata ante nuevas instalaciones ilegales.

• La exclusión de empresas infractoras de futuras licitaciones públicas.

• Información clara sobre los criterios de fiscalización y control aplicados por la Intendencia.

Advertencia sobre consecuencias económicas

Finalmente, CPE y Aupema advierten que, de no revertirse esta situación, el daño para el sector publicitario puede ser irreversible, y afectará no solo a las empresas formales, sino también al tejido comercial que depende de un mercado ordenado y transparente.