La misión oficial que encabeza el presidente de la República, Yamandú Orsi, en China, que se extenderá hasta el 7 de febrero, cuenta con una comitiva numerosa: se destaca la presencia de varios ministros, intendentes, dirigentes sindicales y más de un centenar de empresarios de diversos rubros.

Uno de los empresarios que viajó junto a la delegación presidencial es Martín Gorrochategui, un hombre que se dedica a la industria de la explotación de piedras semipreciosas en el departamento de Artigas y que fue imputado por la presunta comisión de un delito de trata de personas.

Según reconstruyó una nota del periodista Leonardo Haberkorn en El Observador, el caso tomó estado público en febrero de 2024, cuando Gorrochategui fue acusado junto a un socio de explotar laboralmente a 28 trabajadores de origen venezolano.

La acusación de la fiscal Sabrina Massaferro señala que ambos contactaban a las víctimas mediante videollamadas y les ofrecían ganar entre US$ 1.500 y US$ 2.000 mensuales, con un sueldo base de US$ 250 y US$ 500 más diversos bonos por trabajar ocho horas diarias de lunes a viernes. Sin embargo, una vez que llegaban les retenían los documentos y los hacían tener jornadas laborales de 12 horas.

Además, los empleados extranjeros debían pagar con sus ganancias los costos de seguros, wifi y comida. Entre las víctimas había tres de origen brasileño, quienes, luego de quejarse por las condiciones laborales, habrían sido enviados mediante engaños a San Pablo y Curitiba.

“Los imputados integran un grupo criminal organizado con fines de explotación laboral que busca el lucro económico a partir del comercio con seres humanos, participando en el reclutamiento, transporte y acogida de migrantes de extrema vulnerabilidad social que eran sometidos a diferentes actividades que menoscaban su dignidad humana, siendo presuntos autores de un delito de trata de personas”, concluye el documento.

Además de Gorrochategui y su socio, fueron imputadas cuatro personas más, entre ellas una mujer que era funcionaria del Ministerio de Defensa Nacional. En ese momento, la Justicia les impuso a todos arresto domiciliario nocturno con tobillera, fijación de domicilio, prohibición de salir del país y entrega de los documentos de viaje por 120 días.

Desde el primer momento, el empresario se declaró inocente y negó acordar un proceso abreviado con la Fiscalía. Los imputados fueron defendidos en primera instancia por Pablo Barreiro, quien dijo al citado medio que los hechos no configuraban el delito de trata de personas, y luego por Paul Pereira Schurmann, quien retomó la misma teoría del caso.

El empresario viajó junto a la comitiva oficial con otra persona llamada Zhu Wenda, ambos en representación de la empresa MGG Art, una compañía dedicada al comercio de piedras preciosas y semipreciosas, excepto diamantes.

Según figura en el sitio web de Uruguay XXI, el único destino al que la empresa le vendió estos productos fue China. En 2024, MGG Art exportó piedras al país asiático por un total de US$ 1.444.068, en 2025 por US$ 2.287.469 y en enero de 2026 por US$ 374.306.