Un juez federal de Estados Unidos resolvió que Elon Musk deberá declarar bajo juramento en una causa judicial que investiga su participación en el desmantelamiento de la agencia estadounidense de cooperación internacional.
La decisión fue adoptada por el juez Theodore Chuang, del tribunal federal de Maryland, según informó la periodista Aditi Bharade en Business Insider.
El magistrado ordenó que Musk se someta a una declaración formal —una instancia en la que abogados de las partes pueden interrogarlo— por su rol al frente del Department of Government Efficiency (DOGE), el organismo creado para revisar y recortar gastos del Estado.
La causa se centra en el cierre y el vaciamiento de la United States Agency for International Development (USAID), la principal agencia del gobierno estadounidense dedicada a la cooperación y la asistencia humanitaria en el exterior.
El juez también ordenó que declaren el ex director interino de USAID, Peter Marocco, y el funcionario del Departamento de Estado Jeremy Lewin.
El pedido para evitar la declaración había sido presentado por los abogados de Musk y de otros funcionarios involucrados, que intentaron aplicar una figura legal conocida como “apex doctrine”. En términos simples, esa regla permite que, en ciertos casos, funcionarios de máximo nivel puedan no ser citados a declarar.
Sin embargo, Chuang rechazó ese planteo. En su resolución sostuvo que no está claro que Musk y los demás funcionarios puedan ser considerados autoridades gubernamentales de alto rango como para quedar exceptuados de ese trámite.
El juez señaló además que, durante el período en que se desmanteló USAID, muchas de las personas que encabezaban el proyecto actuaban de forma informal o en cargos transitorios.
Otro punto central de la resolución es que, según el tribunal, Musk y los demás funcionarios no presentaron pruebas que expliquen por qué se decidió cerrar la sede de USAID ni su sitio web oficial. Para el juez, ese vacío de información justifica que se los someta a interrogatorio judicial.
La declaración de Musk forma parte de una demanda presentada por empleados actuales y ex empleados de USAID —que permanecen en el anonimato— contra Musk y autoridades vinculadas al DOGE.
En el expediente también figuran como demandados el secretario de Estado Marco Rubio, el funcionario del Departamento de Estado Kenneth Jackson y la administradora del DOGE Amy Gleason.
USAID fue uno de los principales objetivos del programa de recorte de gasto impulsado por Musk al inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump.
En ese contexto, el organismo anunció que reduciría su plantilla de unos 10.000 funcionarios a apenas 300, enviando al resto a licencia.
Musk se alejó formalmente del DOGE en mayo pasado.
Consultados por Business Insider, representantes de Musk, de USAID y del Departamento de Estado no respondieron a las solicitudes de comentarios.