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Flipo, tío

Elecciones España: miles de ciudadanos en Uruguay se quedarían sin votar por nuevo fallo

La resolución afecta a nacionalizados por la “ley de nietos”. En Montevideo crecen las consultas y la preocupación por sus consecuencias.

21.10.2026 16:42

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Miles de ciudadanos españoles residentes en Uruguay enfrentan incertidumbre sobre su participación en las elecciones generales de España, previstas para el próximo 29 de noviembre, luego de que el Tribunal Supremo mantuviera una medida cautelar que suspende el derecho al voto de personas nacionalizadas mediante la Ley de Memoria Democrática, conocida como “ley de nietos”.

La resolución, ratificada el pasado 12 de octubre, afecta a unos 163.000 ciudadanos españoles residentes en el exterior, aunque no se ha precisado cuántos de ellos viven en Uruguay. Además de las dificultades para participar en los comicios, algunos de los afectados manifestaron su preocupación por las posibles consecuencias de la decisión sobre su nacionalidad.

Según informó España Exterior, la presidenta del Consejo de Residentes Españoles (CRE) en Uruguay, Shirley Estévez, señaló que durante los últimos días aumentaron las consultas de personas interesadas en conocer su situación electoral.

En ese marco, el Consulado de España en Montevideo comenzó a brindar información a quienes concurren a sus oficinas o realizan consultas por correo electrónico para comprobar si figuran en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

Sin embargo, Estévez explicó que estar registrado no garantiza que los afectados puedan participar en las elecciones.

“El consulado les puede decir, al día de hoy, si están en el CERA, pero si pueden votar o no, no se sabe”, afirmó al citado medio.

La controversia surgió a raíz de una medida cautelar adoptada en setiembre por el Tribunal Supremo español, que cuestionó una instrucción de 2022 que facilitaba el acceso a la nacionalidad a descendientes de españoles que abandonaron el país entre 1936 y 1955.

El tribunal dispuso la suspensión de los efectos electorales de determinadas inscripciones en el CERA, aunque estableció excepciones para quienes puedan acreditar, mediante certificación consular, que descienden de exiliados por motivos políticos, ideológicos, de creencias o de orientación sexual.

La situación sumó un nuevo capítulo este miércoles, cuando el Tribunal Constitucional rechazó un recurso del defensor del pueblo que buscaba levantar la suspensión.

La decisión fue adoptada por diez votos contra dos. La mayoría de los magistrados consideró que la intervención era prematura, porque todavía no se había agotado la vía judicial ante el Supremo, que aún puede modificar la medida.

En Uruguay, Estévez indicó que el PSOE presentó más de 50 recursos en representación de personas afectadas, mediante asistencia jurídica y representación procesal. También señaló que existen otros grupos que reciben solicitudes.

No obstante, el procedimiento presenta dificultades para quienes residen fuera de España, ya que requiere representación legal y la tramitación de poderes notariales, con los costos y plazos correspondientes.

La incertidumbre sobre la nacionalidad

Por otra parte, el abogado Daoiz Uriarte, integrante del Centro Euskaro de Montevideo, advirtió sobre la preocupación que existe entre los nacionalizados respecto a las consecuencias que podría tener la resolución sobre su ciudadanía española.

El profesional explicó que podrían producirse situaciones en las que una persona que obtuvo la nacionalidad gracias a su padre esté habilitada para votar, mientras que este último tenga suspendido ese derecho.

Sin embargo, aclaró que la medida judicial no implica que los afectados hayan perdido la nacionalidad española.

“Jurídicamente, hoy lo que tienen es la suspensión del voto, pero la razón de esa suspensión es su nacionalidad”, sostuvo Uriarte.

En ese sentido, precisó que recurrir la resolución y obtener una decisión favorable no supone una validación definitiva de la ciudadanía, pero tampoco significa que quienes no presenten recursos vayan a perderla.

Mientras continúan los procedimientos judiciales en España, los ciudadanos afectados permanecen a la espera de una definición sobre su participación en los comicios del 29 de noviembre.