Elección de Silva como vice de Talvi abre un debate jurídico

El candidato del Partido Colorado Ernesto Talvi anunció en la noche del domingo que le ofreció a Robert Silva el número dos de la fórmula del partido. La decisión, dijo el líder de Ciudadanos, fue tomada en conjunto con el resto de los precandidatos.

"Acabo de ofrecerle la vicepresidencia al profesor Robert Silva, oriundo de Tacuarembó, docente, abogado, miembro del Codicen y de origen batllista. Lo elegimos en consulta con Julio María Sanguinetti y José Amorín Batlle. Reafirmamos nuestro compromiso irrenunciable con la educación", escribió el colorado en su cuenta de Twitter.

El expresidente Sanguinetti comentó, también en la red social, que a Silva lo conoce desde sus inicios: "Batllista desde siempre, colaborador de nuestra reforma educativa", añadió.

Posteriormente, el periódico El País informó que Silva había aceptado la oferta de Talvi para acompañarlo en la fórmula, en una reunión en la casa del economista en Carrasco, a la que también asistieron los exprecandidatos Julio María Sanguinetti y José Amorín Batlle. Silva renunciaría este lunes a su cargo como consejero de la ANEP, al que accedió electo por el orden docente en 2015.

Sin embargo, su cargo actual podría ser un obstáculo para su candidatura, ya que abre un debate constitucional al respecto. Según señala un informe publicado por El Observador, el artículo 201 establece que los directores de entes o servicios descentralizados (como la ANEP) que quieran ser candidatos a legisladores, deberán renunciar un año antes de las elecciones.

Pese a ello, dentro del Partido Colorado entienden que ese no es un obstáculo para que Silva sea candidato a la vicepresidencia.

Docente de Derecho y abogado, Silva tiene 48 años y una vasta carrera en el ámbito educativo y también en la esfera privada. Tuvo un rol clave en la Reforma Educativa de Rama, fue prosecretario general del Partido Colorado y dirigió los equipos técnicos de Pedro Bordaberry en 2015.

En los últimos tiempos estuvo sobre el tapete debido a un choque con los profesores sindicalizados del liceo n° 32, que lo acusaron de represor. También fue declarado persona no grata por el sindicato de profesores de Montevideo después de que ordenara una investigación sobre la intervención que hicieron estudiantes del IAVA en el marco de la realización de la Marcha del Silencio del 2018.

En aquella ocasión, los estudiantes fingieron el secuestro de un estudiante en medio de una clase, como forma de ejemplificar de modo directo y realista lo que ocurría durante la pasada dictadura.