El video de Santa Teresa y la red

Como en muchos de los casos que llegan a sus manos, la oficina de Delitos Informáticos del Ministerio del Interior realizó "varias diligencias" para dar con la persona que distribuyó por primera vez el video de contenido "sexual" filmado en el baño del camping de Santa Teresa, luego de que la joven que aparece en él denunciara que no dio autorización para su publicación.

En diálogo con Montevideo Portal, el director de Delitos Informáticos, Gustavo Mariossa, explicó que si repartición está encargada de investigar "la publicación en Internet de la filmación y su distribución", dado que eso fue lo que la joven denunció.

En ese sentido, indicó que las acciones de la repartición apuntan a determinar "quién subió el video" y las vías por las que luego se difundió. Al respecto, recordó que "la distribución de material pornográfico está penado por ley". En efecto, el artículo 278 del Código Penal establece que "comete el delito de exhibición pornográfica el que ofrece públicamente espectáculos teatrales o cinematográficos obscenos, el que transmite audiciones o efectúa publicaciones de idéntico carácter".

Mariossa dijo además que se trata de un caso complejo porque, además, las imágenes "no fueron filmadas en un ámbito privado, sino en un lugar público, con autoridades públicas". Además, recordó que todas las personas que ingresan al camping quedan registradas por la administración.

Una de las novedades del caso es el uso de la aplicación Whatsapp para difundir las imágenes. A diferencia de otros casos - en los que los videos se subían a sitios de Internet -, el video de Santa Teresa pasó de celular a celular a través de la herramienta. Mariossa aclaró que Delitos Informáticos cuenta "herramientas para determinar cuántas personas recibieron el video", aunque aclaró que "eso no es lo fundamental". En ese sentido, recordó que "basta con que se distribuya a una persona para que haya delito". De hecho, puso como ejemplo que "cuando hay una rapiña a un comercio, el delito es el mismo sin importar la cantidad de dinero que se roba".

El director de Delitos Informáticos remarcó además que una de los puntos de la investigación es confirmar que efectivamente la joven no dio la autorización para la publicación del video. Si bien la indagatoria parte de la denuncia presentada por la chica, el jerarca aclaró que es importante comprobar todos los detalles, dado que "la gran mayoría de las denuncias que se presentan son verdaderas, pero hay un pequeño porcentaje que no lo son".

Más allá de eso, Mariossa hizo hincapié en que comprobar la autorización para difundir un video privado no es algo tan sencillo. "Decir ‘filmame', por ejemplo, no alcanza para que sea una autorización con valor legal", sostuvo.

Mariossa aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre las "enseñanzas" que el caso debería dejar a la sociedad uruguaya, más allá de la deriva que tengan las actuaciones judiciales. "Esperemos que este episodio sirva para que la sociedad despierte de ese sueño que tiene sobre lo que pasa en la red", afirmó, recordando que "a muchas personas esto les asusta por sus hijos, porque no tienen claro qué tipo de uso tienen de las redes".