El infierno de la adolescente explotada laboral y sexualmente por seis años

Ayer, dos mujeres fueron formalizadas por un delito de trata luego de someter a una joven durante seis años a explotación sexual y laboral.

La Unidad Especializada en Violencia Doméstica y de Género de Las Piedras fue la que inició la investigación luego de tomar conocimiento de que una mujer de 42 años y su hija de 23 hace seis años le habían dado un lugar para vivir en su casa (Francisco de Ponga, en la localidad de Las Piedras) a una adolescente de 14, su vecina. La joven, que actualmente tiene 20 años, a cambio fue obligada a prostituirse y a trabajar en la casa en tareas domésticas. Su historia, sin embargo, es mucho más dramática de lo que se informó en primera instancia.

De acuerdo al documento de Fiscalía, al poco tiempo de que fue llevada a vivir a la casa, fue obligada a ocuparse de todos los quehaceres de la casa, trabajo que comenzaba a las 05.00 horas y se extendía muchas veces hasta las 01.00 del día siguiente.

Lo único que recibía era un plato de comida al día. Prácticamente a diario la mujer de 42 años la castigaba físicamente con golpes de puño, golpes con palos, y arañazos en la cara entre otros maltratos.

Cuando la víctima tenía 16 años, la familia se fue a vivir a una quinta ubicada en Canelón Chico; allí además de continuar con las tareas del hogar debía alimentar y limpiar los cerdos que la mujer criaba. "Era común verla en invierno descalza, sin ropa adecuada trabajando a la intemperie", señala la Fiscalía, que agrega que nunca recibió salario por su trabajo, no se le compraba ropa, usaba la que dejaban en mal estado otros miembros de la familia, y muchas veces la comida a la que accedía era la de descarte, la que otros dejaban, las sobras.

Varios testigos manifestaron en su interrogatorio que la víctima se encontraba en régimen de esclavitud. Pero además la mujer imputada comenzó a recibir dinero de empleados del establecimiento a cambio de mantener relaciones sexuales con esta menor; así fue como quedó embarazada de dos hijos cuya paternidad no se conoce con certeza todavía.

Pasado un tiempo la mujer nuevamente se mudó con su familia, continuando con el mismo destrato hacia la víctima, a quien además no le permitía amamantar a sus hijos ni ejercer su maternidad en debida forma; a los controles pediátricos no la dejaba ir sola para que no contara en el centro de asistencia el trato recibido ni la situación de sus hijos.

Luego la mujer planeó la entrega de uno de los hijos de la joven a terceras personas sin permitir que la víctima se opusiera.

En marzo de 2018, la coimputada por este caso comenzó a llevar a la víctima para que ejerciera la prostitución contra su voluntad, e hizo y repartió tarjetas con datos y contactos para obtener clientes. El resto de las meretrices que paraban en el lugar la veían llegar golpeada, con hematomas, la cara lastimada y llorando.

Las dos imputadas no le permitían acercarse a ellas; la observaban desde lejos, la llamaban por teléfono diciéndole que se alejara de las otras, que trabajara, que debía traer dinero y la amenazaban con golpear a sus hijos si así no lo hacía.

Cuando volvía de hacer un servicio las dos mujeres le retiraban la paga obtenida, por lo que nunca pudo contar con dinero producto de su labor sexual.

En agosto de 2018, con ayuda de un cliente, la víctima logró escapar de la casa de las imputadas y llegó al domicilio de una prima con sus hijos, que estaban descalzos, sin abrigo, ni pañales pese a que era invierno.

Al día siguiente las imputadas la encontraron, ingresaron a la finca, tomaron a los niños y comenzaron a retirarse con estos; sin embargo, familiares y vecinos, "luego de forcejeos y escándalo los recuperaron y se los entregaron a su madre", informó la Fiscalía.

El 21 de agosto los niños fueron inscriptos en el CAIF, donde una maestra y la psicóloga del centro, que al ver su estado y conocer sus vivencias denunciaron la situación. Intervino Policía Comunitaria y se dio inicio al Protocolo de Protección a las Victimas.

Pericias

Las pericias y los informes del Servicio de Atención a Mujeres en situación de Trata y Explotación Sexual del Mides establecen que la joven presenta baja autoestima, amnesia disociativa como mecanismo de sobrevivencia, padece heteroagresividad, y naturalizó la violencia como forma de relacionarse.

Las pericias del Instituto Técnico Forense concluyen que la víctima fue engañada, según sus propias palabras: "Me endulzó, me decía quedate con nosotros, jugás con las gurisas".

"Está demostrado que S.A. (la mayor de las imputadas) valiéndose de la vulnerabilidad de la joven con sus promesas de convivencia y mejor vida logro su captación. A raíz del trato descripto hoy la víctima presenta trastornos del comportamiento, es impulsiva, tiene déficit de control de impulsos, y sufre de estrés postraumático entre otros problemas de salud mental. Los indicadores físicos y psicológicos se corresponden con su relato conforme a los informes de los peritos intervinientes", informó la Fiscalía.

Tras recoger las evidencias del caso, la Fiscalia estableció que la conducta descripta demuestra que las imputadas "deben responder como autoras de un delito de Trata de Personas con fin de Explotación Laboral y Sexual".

La Fiscalía solicita prisión preventiva para las imputadas porque hay semiplena prueba de los hechos relatados y porque la conducta de las autoras "demuestra su perfil de violencia". "Hoy día la víctima no se encuentra con custodia policial por diferentes razones, por lo que está expuesta al accionar de las formalizadas; se hace necesaria en consecuencia la medida como forma de proteger a ésta y a sus pequeños hijos".

Por las circunstancias y fundamentos expuestos se solicitó a la sede prisión preventiva por el término de 180 días.