El caso Odebrecht, el MEC, su relación con la Fiscalía y las extradiciones a Panamá

El caso que vincula a la contadora uruguaya Maya Cikurel con presuntos sobornos de la empresa Odebrecht provocó una polémica debido que es pareja de quien será el ministro de Educación y Cultura en menos de 10 días, Pablo Da Silveira.

La mujer fue detenida en Colonia cuando viajaba a Buenos Aires, precisamente, en compañía de Da Silveira.

Cikurel ya había sido citada en 2017 por una investigación en relación con la empresa Arcadex Corporation, con sede en Belice, usada en el pago de sobornos en Panamá y que involucra al expresidente panameño Ricardo Martinelli.

Por este caso se dispuso la prisión preventiva domiciliaria para la mujer durante un plazo de 60 días a la espera de su extradición a Panamá. El fiscal del caso es Ricardo Lackner y la jueza María Helena Mainard.

En este último tema es que aparece uno de los puntos más polémicos. Es que la extradición a Panamá de cualquier ciudadano que se encuentre en tierras uruguayas debe cursarse por vía diplomática mediante el Ministerio de Educación y Cultura.

El Tratado de Extradición entre la República Oriental del Uruguay y la República de Panamá, firmado el 16 de junio de 2008, indica que "la solicitud de extradición se formulará por escrito y se cursará por vía diplomática. La Autoridad Central del Estado requerido se encargará de su diligenciamiento".

"A tal efecto, la Autoridad Central competente en la República Oriental del Uruguay será el Ministerio de Educación y Cultura. En la República de Panamá, será Autoridad Central competente el Ministerio de Relaciones Exteriores", continúa el Tratado.

Todo esto a pesar de que la ley Nº 19.334, sobre la creación del servicio descentralizado Fiscalía General de la Nación, sustituye a la unidad ejecutora Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación, vinculada al Ministerio de Educación y Cultura.

En esta ley se señala que, igualmente, "la Fiscalía General de la Nación se relacionará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura". Sin embargo, esta no es más que una formalidad de carácter técnico, ya que la Fiscalía tiene la autonomía máxima (por ley) que una oficina pública puede tener.

Pero por la vinculación entre el ministerio y la Fiscalía por este caso de posible extradición hay quienes interpretan que Da Silveira no debería asumir como ministro de Educación y Cultura.

Es el caso del diputado del Partido Comunista Gerardo Núñez, quien en su cuenta de Twitter señaló: "Los fiscales tienen autonomía técnica, pero existe tutela administrativa del Ministerio de Educación y Cultura. Sería sano para la democracia que el futuro ministro no asuma mientras se encuentra en trámite el expediente vinculado a su pareja".

Consultado por Montevideo Portal, Núñez dijo el futuro ministro no debería asumir el cargo "para garantizar un proceso transparente, democrático, que le haría muy bien a todo el sistema político".

"Vinculado a la extradición, necesariamente la solicitud desde Panamá tiene que pasar por el Ministerio de Educación y Cultura. Pero no solamente eso, en caso de que la Fiscalía quisiera indagar en la situación y solicitara cooperación a países que están involucrados en el tema, esa solicitud de cooperación también tiene que pasar por el Ministerio de Educación y Cultura. Me parece que claramente hay un fuerte conflicto ético", resaltó el diputado.

Núñez aseguró que en "acá no hay una acusación a Da Silveira" sino que "en función de que va a ser el jerarca del Ministerio de Educación y Cultura, que tendría que firmar una solicitud de extradición o de cooperación que pidiera la Fiscalía, y como se trata en este caso de su pareja, lo más conveniente sería que en el transcurso que dure la investigación no estuviera al frente del ministerio".