El senador del Partido de los Trabajadores, Humnerto Costa habló con Montevideo Portal sobre qué pasaría en el Mercosur, si la presidenta brasileña Dilma Rousseff es destituida en un juicio político.

“Nosotros esperamos que el Mercosur se mantenga en la posición de defender la democracia. En Brasil no hay ninguna razón, que no sea política, para que se haga un cambio de gobierno a través del impeachment, eso debe quedar claro”, afirmó el senador brasileño.

Costa aseguró que en Brasil la oposición no aceptó la victoria de Dilma Rousseff en las elecciones de octubre del año pasado: “Aquellos que perdieron las elecciones, no hicieron como hizo el presidente Maduro o Cristina Fernández que reconocieron la derrota y por eso buscan ir al juicio político. Sería muy negativo para Brasil, si Mercosur adopta una posición diferente y no apoya la democracia en nuestro país, pero esperamos que eso no suceda”, agregó.

Consultado sobre el nuevo mapa político regional, Costa afirmó que hay buenas perspectivas: “La democracia salió fortalecida y eso es fundamental para que la integración de nuestros países pueda salir bien. Por supuesto que vamos a tener divergencias y diferentes posiciones en varios temas, pero es posible un entendimiento para que el mercado pueda avanzar y tener una mejor integración”, afirmó.

En cuanto al vínculo bilateral con Argentina, tras la asunción de Mauricio Macri, Costa señaló que durante el período de Cristina Fernández la relación comercial fue buena, “solo que tuvimos la necesidad de reconocer ciertas dificultades que la Argentina tenía” y destacó el levantamiento de la trabas comerciales como una buena noticia para Brasil.

“Eso será muy bueno para Brasil, aunque por otra lado la devaluación del peso argentino nos va a generar dificultades en nuestra economía. Al final vamos a tener una relación equilibrada”, agregó.

El juicio político a la presidenta Rousseff quedó en manos del Senado, luego de una resolución del Tribunal Supremo que da esa potestad al órgano, en medio de un debate jurídico sobre la leyes que rigen el procedimiento, aprobadas en 1950 y 1992.

Se estima que el proceso podría extenderse al menos por cuatro meses, en los que la Comisión investigará y escuchará la defensa de la presidenta Rousseff, aunque no puede descartarse que la relación de fuerzas en el Senado culmine paralizando todo el proceso.