El exmilitar uruguayo Jorge Néstor Tróccoli, que en octubre del 2025 fue condenado a una segunda cadena perpetua en Italia por su responsabilidad en el asesinato y desaparición de Elena Quinteros, José Potenza y Raffaela Filipazzi en dictadura, volvió a ser juzgado en una resolución que incluye una indemnización de 50 mil euros, a la que también accederá el Frente Amplio (FA).
Según informó la periodista Georgina Mayo, Tróccoli fue condenado a cadena perpetua y aislamiento por un año y seis meses, por los tres homicidios. El FA recibirá dinero por haber asumido la representación de Quinteros. La indemnización a las víctimas será por el daño que el exmilitar causó, y se definirá en un juicio civil aparte.
En diálogo con Montevideo Portal, el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, dijo que “son trámites largos” y que “obviamente” el dinero será volcado “a tareas vinculadas a los Derechos Humanos”.
En esa línea, el referente del oficialismo reconoció que la resolución de la Justicia italiana “es una gran noticia”, como “cada paso que se da contra la impunidad”. “Fue una tarea silenciosa y ardua, el FA resolvió ser uno de los patrocinantes de la causa y la Justicia resolvió y condenó a Tróccoli, otro gran paso en la dirección correcta”, afirmó Pereira.
Desde 2021, el acusado cumple una condena en Nápoles después de haber sido declarado culpable de la desaparición de ciudadanos italianos en operaciones represivas transnacionales. Tróccoli, quien no estuvo presente en la audiencia, fue hallado culpable del asesinato de la maestra uruguaya Elena Quinteros, secuestrada en 1976, y de la pareja conformada por el argentino José Agustín Potenza y la ciudadana italiana Raffaella Filipazzi, desaparecidos en 1977.
El capitán de navío, nacido en Montevideo en 1947, integró el Cuerpo de Fusileros Navales (FUSNA) como oficial de inteligencia y fue señalado por múltiples sobrevivientes como uno de los principales responsables de torturas y desapariciones. En 2007, antes de ser procesado en Uruguay, se refugió en Italia, amparado en su doble ciudadanía.
Durante el juicio en Roma, Tróccoli alegó desconocer la existencia del Plan Cóndor y se definió como un funcionario dedicado a tareas “administrativas de inteligencia”. “No soy un criminal, no he asesinado a nadie”, sostuvo en una declaración leída en abril. No obstante, el tribunal consideró probada su implicación directa en los hechos.
Con información de EFE.
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