El Banco Central de Paraguay intervino ueno bank por falta de solvencia: las consecuencias

El Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso por unanimidad el inicio del procedimiento de resolución de ueno bank tras detectar que su índice de solvencia cayó por debajo del 50% del mínimo requerido. La decisión fue adoptada el 2 de noviembre y comunicada pasadas las 3 de la madrugada de este martes.

La medida desencadenó de inmediato el cierre total de los servicios de la entidad. Desde hoy quedaron suspendidas las transferencias, las operaciones con tarjetas de crédito y débito y los movimientos en las cuentas. “Procedimos al cierre de la entidad, por lo tanto, ni la aplicación, ni las tarjetas, ni ningún servicio de la entidad está activo a partir de la fecha”, confirmó Liana Caballero, integrante del Directorio del BCP, en una conferencia de prensa.

Fondos públicos y jubilaciones atrapados

Ueno es uno de los principales bancos de Paraguay. A diciembre de 2025 era el quinto banco privado, con el 8,9% de los depósitos y el 5,9% de los créditos del sistema, según la calificadora FIX citada por El Cronista. Tiene cerca de 3 millones de clientes y administra unos US$ 850 millones de fondos públicos.

Unos US$ 380 millones del estatal Instituto de Previsión Social (IPS), que incluyen depósitos de aproximadamente 32.000 jubilados, están atrapados en ueno bank, junto a fondos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y de la represa binacional de Itaipú.

Tanto los activos como los pasivos de ueno bank quedaron congelados desde el momento en que el BCP anunció el inicio del proceso de resolución. Sin embargo, el presidente del organismo, Carlos Carvallo, intentó dar garantías: “La institución informará los mecanismos para la recuperación de los fondos por parte de los ahorristas cubiertos por la garantía”, sostuvo.

Cobertura del Fondo de Garantía

El proceso activa los mecanismos del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que protege hasta 75 salarios mínimos mensuales por persona física o jurídica, equivalentes a US$ 38.000. Los depósitos que superen ese umbral quedarán sujetos al resultado del balance de exclusión de activos y pasivos que lleve adelante la Superintendencia de Bancos.

“Del lado nacional tenemos que hacer el balance de exclusión de activos y pasivos para ver hasta dónde se podría cubrir cuando supere los 75 salarios mínimos”, explicó Caballero. En paralelo, unos 120 funcionarios del BCP ya fueron desplegados a las sucursales de ueno para iniciar el proceso de conciliación. “El BCP va a desplegar toda su fuerza para que el proceso sea lo más rápido posible y la prioridad siempre van a ser los pequeños ahorristas”, subrayó Carvallo.

Plazo de 15 días para el balance

El miembro del Directorio Marco Aurelio González precisó que el BCP dispone de un máximo de 15 días desde el inicio del proceso de resolución para completar el balance de exclusión, aunque aclaró que trabajan para reducir ese plazo. La ley fija un plazo de 15 días corridos, que vence el 17 de noviembre y puede extenderse otros 15.

“Se congela hasta que el BCP haga el balance de exclusión y cada depositante va a poder seguir operando en la entidad de su preferencia”, indicó González. Los activos y pasivos serán eventualmente transferidos “a otras entidades a través de un proceso competitivo”, agregó.

Irregularidades detectadas desde junio

Carvallo describió la intervención como el “desenlace de varios meses de trabajo técnico” que arrancaron en junio, cuando la Superintendencia de Bancos detectó indicios de créditos otorgados por ueno a empresas vinculadas al grupo controlador de la entidad, según Infobae. El proceso de análisis comenzó el 5 de junio, confirmó el presidente del BCP en conferencia de prensa.

“Fue necesario realizar un análisis mucho más profundo que comprendió la revisión minuciosa de las condiciones financieras de las operaciones y la trazabilidad de los recursos hasta determinar la ruta del dinero”, citó La Nación Paraguay. La documentación formal de esas firmas “no permitía establecer directamente su vinculación con el grupo controlador”, por lo que fue necesario un análisis de trazabilidad de los recursos.

A eso se sumaron el deterioro de los indicadores de liquidez, debilidades en carpetas crediticias y la activación de servicios informáticos sin justificación respaldada, según La Nación Paraguay. “Las previsiones respondieron principalmente a debilidades en las carpetas de operaciones crediticias, así como la activación de servicios informáticos que no contaban con una justificación plenamente respaldada”, amplió Carvallo.