El Poder Ejecutivo aprobó el decreto Nº 243/025 que habilita a casi 6.000 deudores en unidades reajustables (UR) a presentar la documentación necesaria para acceder a los beneficios previstos en la Ley N.º 20.237 (del anterior período de gobierno) y sus modificativas.
De esta forma, la Administración Nacional de Vivienda (ANV) “logra dar respuesta a los deudores cuyos créditos habían quedado en situación de análisis, sin poder acceder a los beneficios previstos en la ley porque no contaban con un mecanismo para demostrar que estaban al día con el pago de impuestos nacionales y departamentales”, recalcó dicho organismo a través de un comunicado.
Según la ANV, entre noviembre de este año y junio del próximo se beneficiarán unos 5.000 créditos con la reducción de la tasa de interés al 0% o 2,5%, mientras que otros 900 créditos recibirán el beneficio de extinción.
A su vez, a partir del próximo jueves 20 de noviembre estará disponible en este sitio web la nueva clasificación de cada crédito para quienes ingresen con su usuario gub.uy. Además, desde ese día, los titulares de créditos en UR podrán agendarse para presentar constancia de estar al día con los tributos, que deberá ser expedida por la intendencia correspondiente y por la Dirección General Impositiva.
También podrán agendarse para recibir asesoramiento personalizado y “poder tomar decisiones informadas y ajustadas a su situación particular”, indica el organismo.
La mencionada ley estableció un régimen especial para la reestructura y regularización de deudas hipotecarias en UR. La normativa “prevé distintas opciones de refinanciación o cancelación, con beneficios que dependen del nivel de cumplimiento y del tipo de crédito”, reza el comunicado.
“Desde la asunción de las nuevas autoridades, la ANV realizó un análisis exhaustivo de los créditos en UR y definió las vías para canalizar las opciones de adhesión o desistimiento a la ley. Finalmente, con la firma de este decreto, la ANV logra dar respuesta a los deudores que desde la aplicación de la ley en 2024 no habían podido acceder a los beneficios por no contar con un mecanismo que les permitiera demostrar que estaban al día con el pago de impuestos nacionales y departamentales”, finaliza el texto.