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El Ministerio de Turismo abrió un llamado para gestionar el parador ubicado en Punta Gorda (Colonia), hotel que permanecía sin operación tras estar durante años administrado por el Pit-Cnt y que fue escenario de controversias laborales en los últimos meses.
El anuncio fue presentado por el director nacional de Turismo, Cristian Pos, quien remarcó que el objetivo es reactivar el establecimiento mediante una nueva gestión privada.
“Este es un bien del Ministerio de Turismo que actualmente se encuentra sin gestión, por lo que este llamado representa una oportunidad para el sector privado”, afirmó.
Según explicó el jerarca, el parador ha tenido históricamente un rol relevante en la oferta turística de la zona, especialmente en servicios de alojamiento y gastronomía vinculados al oeste del departamento de Colonia.
El establecimiento cuenta con dos plantas y capacidad para alojamiento turístico.
En la planta alta dispone de 13 habitaciones totalmente equipadas, con capacidad para dos, tres y cuatro personas, además de un área común, terraza con balcón y azotea.
La planta baja incluye una habitación accesible equipada, comedor y cocina, además de un área con piscina climatizada, parrillero y espacio exterior con mesas y sillas.
El predio también posee una cabaña independiente dentro del terreno, que puede destinarse a vivienda para quienes administren el complejo.
Desde el ministerio indicaron que el estado general del inmueble permite su explotación inmediata, una vez que se firme el contrato con el adjudicatario.
El llamado prevé una concesión por un plazo de 15 años, contados desde la firma del contrato.
La contraprestación para el Estado se compondrá de un canon anual propuesto por el oferente, que no podrá ser inferior al 1 % de los ingresos operativos generados por el hotel. El pago del canon comenzará a partir del segundo año de vigencia de la concesión.
El llamado se produce meses después del cierre del Hotel Punta Gorda, que era operado por el Pit-Cnt.
En los últimos meses, la Justicia laboral recibió una demanda presentada por el exsereno del establecimiento, Diego Tato, quien reclama una indemnización cercana al millón de pesos por su despido.
El trabajador sostiene que fue cesado mientras se encontraba con certificación médica por estrés laboral, lo que, según su defensa, configuraría un despido abusivo durante una enfermedad común.
Tato afirma además que previamente había sido trasladado del turno diurno al nocturno, decisión que —según su versión— generó conflictos familiares y derivó en una separación de tres años con su pareja.
El conflicto no logró resolverse mediante negociación con la central sindical, lo que derivó en la demanda judicial.
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