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El edil nacionalista Nicolás Botana presentó un proyecto que establece un régimen especial para la construcción de veredas accesibles en Montevideo, con cambios normativos que ampliarían la responsabilidad económica de la comuna en los arreglos (que hoy corren por cuenta de los vecinos) y garantizarían una mayor equidad social.
La iniciativa busca terminar con lo que considera un “cambalache histórico” de materiales y soluciones “improvisadas”, que, según Botana, es el resultado de haber dejado durante décadas en manos de los vecinos la construcción y el mantenimiento de las veredas. El texto propone que la intendencia financie entre el 25% y el 100% de las obras según el nivel socioeconómico de cada zona, con la prioridad de los barrios más pobres.
Según el proyecto, en las áreas de necesidad alta la comuna cubrirá la totalidad del costo; en las de necesidad media, entre un 50% y 75%, y en las de necesidad baja, entre un 25% y 50%. La parte correspondiente a los frentistas (propietarios de viviendas cuyos frentes dan a la vereda) se cobrará a través de la Contribución Inmobiliaria, con planes de pago en cuotas.
El proyecto de decreto recuerda que, según datos de la propia IM, más de la mitad de las veredas de Montevideo están en condiciones regulares o inadecuadas, con fuertes desigualdades entre el centro y la periferia. Mientras en los municipios B, C y CH más de la mitad de las veredas son aceptables, en los periféricos D, F y G apenas alcanzan el 17%, 19% y 27%, respectivamente.
La situación es aún más crítica si se cruza con la información sobre discapacidad: en esos mismos municipios, se concentra la mayor proporción de personas con dificultades severas para ver, caminar o comprender.
El proyecto elimina la histórica “baldosa de nueve panes” y establece la obligatoriedad de hormigón u otros materiales uniformes y durables, y evitar que en una misma cuadra convivan diferentes pavimentos.
Además, obliga a que todas las nuevas obras cumplan con la norma UNIT 200 de accesibilidad, lo que implica rampas en las esquinas y pavimento podotáctil en puntos estratégicos como cruces y paradas de transporte público.
Asimismo, la propuesta habilita a los municipios a solicitar la aplicación del régimen en sus territorios, con financiamiento de la intendencia. También prevé la creación de un Fondo Departamental de Veredas y Accesibilidad, destinado a sostener la continuidad de las obras.
En palabras de Botana, se trata de un “instrumento que asegura equidad social y accesibilidad universal, donde la Intendencia se hace cargo de lo que hasta ahora era responsabilidad exclusiva de los vecinos, con prioridad en los barrios más postergados”.
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