ESTE LUNES RENUNCIA SARA BOSIO

La SCJ es criticada desde la coalición oficialista de izquierda Frente Amplio (FA) por declarar inconstitucional al Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) sobre las jubilaciones, que entró en vigencia en julio de 2007 en el marco de una Reforma Tributaria que también impuso ese tributo a los asalariados.

En el sistema político uruguayo se intaló un debate acerca de la legitimidad del fallo -por tres votos contra dos-, con un fuerte cruce de acusaciones entre oficialismo y oposición, así como amenazas de enjuciar políticamente a ministros de la SCJ.

La SCJ, que tiene aún a estudio más de 300 impugnaciones al IRPF a las jubilaciones, tendrá una nueva conformación tras el retiro obligado -por cumplir 70 años- de la jueza Sara Bossio el próximo lunes, y eso puede llevar a fallos diferentes en pronuciamientos subsiguientes.

Para el politólogo Adolfo Garcé, "este es un ejemplo perfecto de judicialización de temas políticos". "La oposición no pudo evitar la Reforma Tributaria (el FA tiene mayorías parlamentarias) y lo que estamos viendo es que la oposición decidió desplazar el escenario de confrontación al Poder Judicial", porque la mayoría de "las demandas contra el IRPF a los jubilados fueron auspiciadas por los partidos de la oposición", explicó a la AFP.

Juan Carlos Doyenart, director de la encuestadora Interconsult, coincidió en que hay una judicialización de la política, que se produce "cuando el sistema político no puede resolver sus problemas, y acude a la justicia para que los resuelva. Eso es malo para el sistema político y para el Poder Judicial".

Por otra parte, Doyenart estimó que "el gobierno ha asumido una actitud peligrosa desde el punto de vista de la institucionalidad" con tantos cuestionamientos a la SCJ.

Sin embargo, Garcé consideró que en el oficialismo "hay dos posturas: el Poder Ejecutivo ha mantenido prudencia y espera nuevos fallos y cambios en la SCJ" antes de decidir si deroga o no el impuesto; mientras legisladores oficialistas han hecho "críticas de alto tono y planteado dudas sobre el pronunciamiento" del alto tribunal, por lo que sólo esta última actitud "afecta la imagen" de la institución judicial.

Respecto a las amenazas de enjuciar políticamente (en el Congreso) a integrantes de la SCJ por declaraciones públicas y la filtración a la prensa del fallo, Doyenart dijo "es una barbaridad, una extralimitación de los frentistas", que "están atropellando a las instituciones".

Un juicio político sólo puede realizarse "cuando hay una violación de la Constitución o un delito", y "las declaraciones de un magistrado pueden ser bien vistas o mal vistas, pero no estamos ante un delito", explicó.

"Este juego, lo que termina haciendo es que la gente no crea en la institución de la Justica", advirtió y afirmó que esto es producto de que "la izquierda en general tiene falta de cultura democrática".

En tanto, el analista Oscar Botinelli, dijo en una columna de opinión, que el gobierno "acentúa su derrota" con su actitud hacia la SCJ, mientras que el columnista Alejandro Nogueira consideró que el gobierno y el FA han actuado como "malos perdedores".

"El IRPF es la manera que tiene el gobierno de sacarle al rico para darle al pobre. No importa si es ilegal; lo importante para la tribuna es que sea 'justo'", agregó.

Constanza Moreira, identificada con el FA y politóloga, dijo, también en una columna, que "la ecuación política nunca puede oponer a los jubilados a los activos, los viejos a los niños, o la clase media a los pobres" porque "la primera que va a perder es la izquierda".

(EFE)