El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, suspendió temporalmente la emisión de nuevos visados para estudiantes extranjeros. La medida fue anunciada por el secretario de Estado Marco Rubio, quien ordenó a todas las embajadas y consulados estadounidenses interrumpir la asignación de citas consulares para este tipo de visados hasta nueva orden.
La decisión forma parte de un plan para reforzar la verificación de antecedentes en redes sociales de los solicitantes, en una ofensiva que busca detectar contenidos considerados radicales o contrarios a los intereses estadounidenses, particularmente en el contexto de protestas universitarias propalestinas.
“Las secciones consulares no deberían añadir más citas para visados de estudiante o visitantes de intercambio hasta emitirse nuevas directrices”, indica la directiva difundida por Bloomberg.
Escalada política y tensiones universitarias
La suspensión coincide con la polémica decisión del gobierno de bloquear temporalmente la inscripción de estudiantes extranjeros en la Universidad de Harvard, acusada por Trump de albergar “antisemitismo y conductas proterroristas”. Un tribunal federal detuvo la medida, pero la señal política quedó clara: la administración apunta directamente al activismo estudiantil extranjero.
El New York Times ya había informado en abril que Washington ordenó a sus funcionarios revisar las redes sociales de ciertos solicitantes de visado, como parte de una respuesta más amplia a las protestas propalestinas en campus universitarios.
Impacto internacional y regional
La suspensión de visados afecta a decenas de miles de estudiantes internacionales, incluidos muchos de América Latina, que cada año buscan formación en universidades estadounidenses mediante programas de grado, posgrado o intercambio. La medida genera incertidumbre en instituciones educativas, familias y aspirantes, y podría erosionar la imagen global del sistema universitario estadounidense.
Universidades, organismos de derechos civiles y gobiernos extranjeros han comenzado a expresar preocupación por el uso de criterios ideológicos en los procesos migratorios, lo que podría abrir la puerta a discriminación por opinión política o nacionalidad.
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