Diputados propusieron fusionar las unidades de acceso a la información y datos personales

Los diputados Pablo Abdala, Federico Casaretto, Juan Martín Jorge y Conrado Rodríguez presentaron un proyecto de ley para unificar la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) y la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (Urcdp) en un único organismo. Se llamaría Unidad de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

La iniciativa, fechada el 10 de noviembre, ingresó a la Comisión Especial de Transparencia, Lucha contra el Lavado de Activos y Crimen Organizado de la Cámara de Representantes. Allí se estudia la reforma de la Ley N° 18.381 de acceso a la información pública. El proyecto modifica esa norma y también la Ley N° 18.331 de protección de datos personales.

Según el texto, el nuevo organismo funcionaría como un órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo, “dotado de la más amplia autonomía técnica”, y quedaría separado de Agesic, de la que hoy dependen ambas unidades. “En el ejercicio de sus competencias, la Unidad no recibirá órdenes ni instrucciones de autoridad alguna”, establece el proyecto.

La dirección estaría a cargo de un Consejo Ejecutivo de tres miembros, designados por el presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros, con venia del Senado. La venia requeriría tres quintos de los votos de la cámara alta. Si no se otorga en 60 días, el Poder Ejecutivo podría reiterar la propuesta, y en ese caso alcanzaría con la mayoría absoluta. Se trata del mismo mecanismo que prevé el artículo 187 de la Constitución.

Los integrantes durarían cuatro años en sus cargos y podrían ser designados nuevamente una sola vez en forma consecutiva. Solo podrían ser removidos “por ineptitud, omisión o delito”, mediante resolución fundada y con garantías del debido proceso. Además, el cargo sería incompatible con cargos electivos, de particular confianza o de dirección partidaria. La presidencia rotaría cada año.

El organismo tendría dos áreas técnicas especializadas, una en acceso a la información y otra en datos personales, con servicios administrativos comunes. También contaría con un único Consejo Consultivo de cinco miembros: una persona de trayectoria en derechos humanos designada por el Poder Legislativo y representantes del Poder Judicial, la Fiscalía General de la Nación, la academia y el sector privado.

El proyecto aclara que la unificación no alteraría los ámbitos de aplicación ni los mecanismos de tutela de cada régimen. Las potestades sancionatorias en materia de datos personales no se extenderían a las infracciones vinculadas al acceso a la información pública. Además, la unidad formularía su propio presupuesto, según lo previsto en el artículo 214 de la Constitución.

Una disposición transitoria fija que el Poder Ejecutivo deberá aprobar, en un plazo de 180 días desde la promulgación, un plan de transición con los recursos humanos, materiales y presupuestales necesarios. Hasta que se instale el nuevo Consejo Ejecutivo, las unidades actuales seguirían funcionando. Los derechos de los funcionarios quedarían preservados.

En la exposición de motivos, los legisladores sostienen que la propuesta busca “favorecer la coordinación entre transparencia y protección de datos personales”. También buscaría evitar duplicaciones organizativas, aunque “sin presumir ahorros”.

Los diputados recuerdan además que el tema se planteó el 3 de setiembre en la comisión, durante la comparecencia del profesor Gabriel Delpiazzo. Consultado a título personal, el experto señaló que en varios países de la región el órgano de control reúne ambas competencias, como en México. “Así que la posibilidad jurídica existe; la valoración de su conveniencia habrá que realizarla”, dijo entonces. Los propios firmantes aclaran que sus dichos no implican un respaldo al diseño propuesto.