Diputados del FA presentaron proyecto para regular y remunerar el trabajo de los presos

La bancada de diputados del Frente Amplio (FA) presentó un proyecto de ley para regular el trabajo y la formación laboral de las personas privadas de libertad, con el objetivo de garantizar el acceso a empleos remunerados, capacitación y protección social dentro del sistema penitenciario. La iniciativa fue presentada ante la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes.

Según los datos incluidos en el proyecto, hasta marzo de 2026 había 16.624 personas privadas de libertad y más de 5.000 realizaban actividades laborales dentro de las cárceles, aunque solo había 850 peculios disponibles.

Además, el último informe del Comisionado Parlamentario Penitenciario, correspondiente a 2024, señala que el 36% de la población carcelaria accedía a una plaza laboral. De ese total, el 86% no recibía remuneración, el 11% percibía un peculio y apenas el 3% cobraba un salario. Los legisladores sostienen que esta situación responde, entre otros factores, a la fragmentación del marco normativo y a la falta de mecanismos que aseguren su cumplimiento.

El proyecto parte de la premisa de que el trabajo debe ser reconocido como un derecho de las personas privadas de libertad y no como una herramienta de castigo o corrección. En ese sentido, prohíbe que se obligue a una persona a trabajar mediante amenazas de sanciones disciplinarias, restricciones de beneficios u otras formas de coacción. Para acceder a una actividad laboral, además, será necesario contar con el consentimiento informado y documentado del trabajador.

Uno de los principales puntos de la iniciativa es la regulación de las actividades laborales dentro de las unidades penitenciarias. Para ello, establece tres modalidades: peculio, trabajo remunerado y pasantías laborales.

En el caso del empleo remunerado, el pago no podrá ser inferior al Salario Mínimo Nacional. Además, las empresas empleadoras estarán obligadas a realizar los aportes correspondientes a la seguridad social.

El texto aclara que estas modalidades serán independientes del actual régimen de comisiones penitenciarias. Bajo ese sistema, las personas privadas de libertad realizan tareas de mantenimiento y gestión de las instalaciones sin recibir una remuneración económica, aunque esas actividades se contabilizan para la redención de pena.

El proyecto habilita a empresas privadas a instalarse como empleadoras dentro de las cárceles mediante convenios con el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Para fomentar su participación, propone establecer incentivos fiscales, mecanismos de contratación pública y una ventanilla única en el INR que simplifique los trámites necesarios para comenzar a operar en las unidades penitenciarias.

La remuneración de los trabajadores estaría a cargo de las empresas empleadoras. De acuerdo con la distribución prevista en el proyecto, un 10% de los ingresos se destinaría al INR, otro 10% a la Dirección Nacional de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social y un tercer 10% a cubrir gastos de funcionamiento de la política de atención y protección a víctimas y testigos de delitos de la Fiscalía General de la Nación.

Capacitación y oportunidades laborales después de la cárcel

Otro de los ejes del proyecto es facilitar el acceso gratuito a programas de formación profesional. Para eso, plantea la coordinación con la Universidad de la República (Udelar), el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), la UTU y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

La propuesta también contempla medidas para favorecer la inserción laboral una vez que las personas recuperen la libertad. En ese sentido, plantea que las empresas que mantengan el vínculo laboral con trabajadores que egresen del sistema penitenciario puedan acceder a exoneraciones tributarias durante un mínimo de dos años.

A su vez, propone que el Poder Ejecutivo establezca incentivos fiscales y mecanismos de contratación preferente para las empresas que incorporen a personas que hayan estado privadas de libertad.

Para coordinar y supervisar estas políticas, el proyecto prevé crear una Junta Interinstitucional de Trabajo Penitenciario, integrada por organismos públicos, instituciones educativas, el Pit-Cnt y cámaras empresariales. Entre sus cometidos estará elaborar un Plan Estratégico Nacional de Trabajo Penitenciario que establezca metas, indicadores y compromisos institucionales.

Por último, el proyecto establece que el Poder Ejecutivo dispondrá de un plazo de 180 días desde la promulgación de la ley para reglamentar su aplicación.