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El canciller Ernesto Talvi anunció este martes que Uruguay se retirará de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) y regresará al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), de donde se retiró a fines del año pasado luego de que ese organismo de la OEA planteara sancionar a algunos integrantes del gobierno de Venezuela.
La decisión del gobierno fue cuestionada por algunas voces de la oposición. El diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP) Daniel Caggiani dijo que la iniciativa "sorprende" y "genera suspicacias", por la reciente comunicación entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou.
"Sorprende anuncio del Canciller sobre retiro de Uruguay de UNASUR y retorno al TIAR. Genera suspicacias que se da luego de la llamada del presidente de USA Donald Trump al presidente uruguayo", escribió Caggiani en Twitter.
El legislador adelantó que convocará a Talvi a la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados para conocer los "fundamentos y el trasfondo" de las decisiones.
En conferencia de prensa, Talvi señaló que la Unasur es una "alianza político ideológica" que va "en contra" de los objetivos de Uruguay de vincularse a organizaciones regionales que tengan una "base institucional y que no tengan una base de afinidades ideológicas".
"En segundo lugar, es una organización en disolución. Hoy tiene cuatro miembros: Surinam, Guayana y Venezuela, y Uruguay. En tercer lugar, porque en la medida en que todavía tiene existencia jurídica puede implicarle al país responsabilidades patrimoniales", detalló.
Con respecto al TIAR, el canciller señaló que forma parte de la "familia" de organismos que pertenecen a la OEA, y que el actual gobierno tiene como "propósito" fortalecer la OEA como la "esencia del multiletarismo regional y el lugar donde deben dilucidarse los problemas".
Uruguay, enfatizó, había decidido denunciar el tratado cuando el Tiar convocó a un órgano a "considerar medidas" contra algunas personas vinculadas al gobierno de Venezuela, "vinculadas a actividades ilícitas o graves violaciones a los derechos humanos".
En aquel entonces, Uruguay había calificado de "inconducente e inapropiada" a la decisión del TIAR, ya que entendía que aquella resolución sentaba un "gravísimo precedente" en materia de derecho internacional, particularmente en lo que tiene que ver con el principio de solución pacífica de controversias y la no intervención.
El canciller de aquel momento, Rodolfo Nin Novoa, había explicado que la resolución implicaba "identificar y designar personas y entidades asociadas al régimen de Maduro, involucradas en actividades ilícitas, lavado de activos, tráfico ilegal de drogas, terrorismo y su financiación, y vinculadas a redes de delincuencia organizadas, para usar todas las medidas disponibles para investigar, perseguir, capturar, extraditar y sancionar a los responsables y disponer el congelamiento de los activos".
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