Diputado colorado presentó proyecto para tipificar el delito de nepotismo en el gobierno

El diputado colorado Agustín Quintana presentó un proyecto de ley para tipificar el delito de nepotismo en el Código Penal.

Su único artículo establece: “El funcionario público que, en abuso de su posición, contrate, nombre o designe, en la administración pública, por sí o por intermedio de terceros, a personas que tengan algún parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, así como cónyuges, concubinos o pareja, será castigado con un año de prisión a dos de penitenciaría y con inhabilitación especial de tres a cinco años”.

Al respecto, Quintana dijo a Montevideo Portal que la normativa existente hoy en día en la materia es “insuficiente”. “Quizás un nuevo tipo penal pueda ayudar a mitigar este asunto y a poner un freno”, manifestó.

Consultado respecto a las similitudes con el proyecto de ley que pretende regular el ingreso a la función pública en los gobiernos departamentales, el diputado perteneciente a Vamos Uruguay —sector de Pedro Bordaberry— señaló que “está totalmente vinculado”.

“Las contrataciones llamadas vulgarmente ‘a dedo’ son un problema al que el sistema político le tiene que dar respuesta. La gente está bastante desilusionada del sistema político, y los políticos tenemos que empezar a dar respuesta a ese tipo de cosas”, sentenció el legislador colorado.

En la exposición de motivos de la norma, Quintana establece que rija para el Poder Ejecutivo y Legislativo, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los entes autónomos, los servicios descentralizados, los gobiernos departamentales y personas de derecho público no estatal (como Conaprole o Uruguay XXI, por ejemplo).

“El nepotismo como forma de corrupción y abuso de poder no solo afecta la moral pública, sino que también obstaculiza el acceso a oportunidades laborales justas, limita la competencia profesional y perjudica la confianza ciudadana en las instituciones públicas. Este tipo de prácticas son percibidas por la sociedad como una clara violación de los principios de mérito, igualdad y transparencia que deben regir en la administración”, indica Quintana en el proyecto de ley.