Diputada colorada propone aumentar penas para personas que maltraten a ancianos

Luego de que este viernes 10 de julio se diera el hallazgo de 22 ancianos que vivían encerrados y en condiciones extremas en un residencial clandestino de Montevideo, la diputada colorada Nibia Reish pidió al Parlamento avances en el proyecto para tipificar como delito el abuso contra adultos mayores y sancionar a los responsables de residenciales.

La iniciativa, según indicó, consiste en penas de entre seis meses y tres años de penitenciaría para quienes maltraten a personas mayores y la inhabilitación por 10 años para ejercer tareas de cuidado.

También prevé la inhabilitación por diez años para desempeñar funciones vinculadas al cuidado de personas mayores, tanto para propietarios y administradores de residenciales como para empleados que incurran en este tipo de conductas.

Reisch sostuvo que actualmente, cuando un residencial es clausurado por graves irregularidades, sus responsables pueden volver a abrir otro establecimiento, ya que no existe una sanción que les impida continuar desarrollando esa actividad.

En ese sentido, afirmó que el objetivo es "tipificar como delito" estas conductas y evitar que quienes hayan cometido abusos puedan volver a desempeñar tareas de cuidado.

La diputada señaló que el envejecimiento de la población exige respuestas de largo plazo y recordó que las personas mayores de 65 años representan actualmente el 16% de la población uruguaya. En ese marco, informó que trabaja junto a un equipo de asesores en una serie de propuestas que serán presentadas a todos los partidos políticos.

También reconoció que, en algunos casos, las autoridades enfrentan dificultades para clausurar residenciales con problemas debido a la falta de alternativas para reubicar a sus residentes.

"No puede ser que un anciano esté en condiciones de higiene inadecuadas, que no reciba la alimentación, la medicación o la atención médica que necesita. Es muy triste llegar al final de la vida y estar viviendo un verdadero calvario", expresó.

Finalmente, sostuvo que la protección de las personas mayores debe ser una política de Estado y afirmó que el país tiene la responsabilidad de garantizar condiciones de vida dignas para quienes, por distintas circunstancias, dependen del cuidado de terceros.