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Manos de tijera

Díaz: “Cualquier restricción presupuestal en la Fiscalía es un impacto en la seguridad”

Entrevistado por Montevideo Portal, el fiscal de Corte dijo que la institución aspira "a no decrecer y a mantener los montos presupuestales que hoy se tienen".

26.07.2020 12:01

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2020-07-26T12:01:00
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Por Santiago Magni

"Hay un potencial enorme de crecimiento, sobre todo en materia de tecnología aplicada y su utilización para hacer inteligencia criminal", dice el fiscal de Corte Jorge Díaz.

Previo a la discusión en el Parlamento de la Ley de Presupuesto, el fiscal está preocupado por eventuales recortes en la institución y cree que esto no permitiría "mejorar la eficiencia y eficacia" a la hora de resolver casos.

"Cada vez hacemos más cosas, pero hacer más cosas con menos gente no es posible", señala el fiscal general de la Nación y destaca que en estos años se han logrado revertir indicadores preocupantes.

Actualmente "el 80 % de las personas privadas de libertad tiene una sentencia de condena ejecutoriada", dijo a modo de ejemplo.

Entrevistado por Montevideo Portal, el fiscal de Corte habló sobre cómo ha trabajado la institución para resolver hechos complejos, la necesidad de mantener el presupuesto, la violencia en la sociedad, entre otros temas.

La Fiscalía presentó datos señalando que aumentó la capacidad para resolver casos e imputar a personas por delitos. ¿A qué atribuís estos resultados?

Es una mezcla de cosas que es importante señalar. Esta es una tendencia que viene ya desde hace un largo tiempo. Apenas se implementó el nuevo Código del Proceso Penal tuvimos dificultades, ya que como toda cosa nueva costó mover los engranajes y sobre todo las dificultades propias de un sistema que se instala y viene a sustituir 200 años de sistema inquisitivo. A partir del cuarto o quinto mes eso se empezó a revertir y ahí tuvimos una constante de crecimiento de personas imputadas y casos criminales aclarados. Llamamos casos criminales a aquellos que tienen al menos un imputado, es decir, una denuncia que terminó con al menos una persona imputada. También empezó a dar un efecto, del que también habíamos alertado, que era el crecimiento de la población carcelaria. Son tres indicadores que comenzaron a crecer y nos marcaban que el sistema empezaba a funcionar adecuadamente. Eso siguió hasta ahora, hasta el punto tal de que el porcentaje de noticias criminales sobre el total aclarado ha seguido creciendo. La cantidad de personas imputadas los primeros meses de este año se mantuvo, y sobre todo por el efecto pandemia en marzo, abril y mitad de mayo. Aún manteniéndose el número de personas imputadas, este otro indicador de noticias criminales aclaradas crecía y sigue creciendo la cantidad de personas privadas de libertad. Esto obedece en primer lugar a que los operadores del sistema fueron adquiriendo las experticias necesarias para hacerlo funcionar cada vez mejor. Cuando hablo de operadores en este caso hablo básicamente de policías y fiscales, que son el nuevo equipo que tiene que trabajar junto en la investigación criminal.
Por otro lado, la institución fue mejorando día a día sus procesos de trabajo en el entendido de que el Sistema de Información Proceso Acusatorio del Uruguay (Sipau), que es un sistema moderno, funciona y está montado sobre el sistema de gestión de seguridad pública. Esa fue una decisión estratégica que se tomó en su momento y fue absolutamente fundamental, de modo tal que cualquier denuncia que se haga en cualquier parte del país impacta en el sistema de gestión de seguridad pública y en el Sipau. Por lo que sabemos eso es único entre los países de Latinoamérica. Eso hace que Fiscalía reciba online todas las denuncias que se plantean y las actuaciones policiales. Eso fue permitiendo hacer algo muy importante que señalábamos desde el primer momento, que es vincular casos. Ya sea a través de la DPA (Depuración, Priorización, Asignación), que es la oficina que depura, analiza y adjudica los casos o los propios fiscales que van, por ejemplo, vinculando casos por modalidad delictiva, tipo delictivo, referenciación, por sujetos. Eso ha incrementado la cantidad de casos que se le imputan a un sujeto. Tenemos casos hasta con 300 imputaciones, casos de estafas masivas básicamente. Obviamente una persona que hace una estafa telefónica no hace una, hace muchas y hemos mejorado muchísimo la posibilidad de aclarar en una sola investigación muchos casos. Eso creo que es de los impactos más grandes que tenemos.
Esos elementos, junto a la tecnología, la confianza y los vínculos son lo que permite esos procesos mejorados y el resultado final.


Creo que todavía hay un potencial enorme de crecimiento, sobre todo en materia de tecnología aplicada y su utilización para hacer inteligencia criminal. Tenemos el objetivo de mediano y largo plazo de desarrollar un software que trabaje sobre nuestro sistema de información para acelerar la vinculación de casos y de personas vinculadas a casos e investigaciones. Eso nos permitiría mejorar aún mucho más nuestra eficacia y nuestra eficiencia. Ese es uno de los objetivos que tenemos planteados. Implica necesariamente presupuesto, porque no tenemos el presupuesto para eso.
Por otro lado, otro indicador es cualitativo y es qué porcentaje de los privados de libertad tienen sentencia de condena, que es una de las cosas que buscábamos cambiar. Hoy nosotros podemos decir con orgullo y satisfacción que el 80 % de las personas privadas de libertad tiene una sentencia de condena ejecutoriada y no solamente están privados de libertad esperando juicio. Ese era un indicador desastroso que logramos revertir del sistema antiguo, donde el 70% estaban procesados esperando juicio y solamente el 30 % estaban condenados. Eso nos colocaba a nivel internacional y en materia de cumplimiento de derechos humanos en una situación muy compleja. Ese porcentaje de penados sobre el total de privados de libertad incide en la cantidad de personas privadas de libertad. Porque la cantidad de privados de libertad no solamente crece porque crecen las imputaciones, sino que además crece porque al tener personas condenadas el tiempo de permanencia en la cárcel es mayor.

¿Cómo ha hecho Fiscalía para avanzar en hechos complejos, como puede ser la Operación Océano o el asesinato de tres infantes de marina, con el presupuesto actual?

Lo significativo de todo esto es que todo eso se logró con los mismos recursos humanos. Nosotros no tuvimos incremento en la cantidad de recursos humanos, sino que son exactamente los mismos cuantitativamente, aunque cualitativamente la institución ha tenido una renovación brutal. Desde la aplicación del CPP a la fecha ha habido una renovación en todos los estamentos de la administración. Funcionarios administrativos, técnicos, fiscales... en todos los escalafones se ha producido una renovación muy grande y sobre todo en el escalafón fiscal. Eso de alguna manera nos ha permitido salir al mercado de trabajo a captar recursos. A su vez, hemos trabajado en la capacitación de esos recursos humanos muy fuertemente, con personal en dos áreas, en investigación y en litigación. Que son las dos patas fundamentales. En la litigación hemos trabajado con docentes de países que están mucho más avanzados que nosotros, ya que hicieron hace mucho tiempo la reforma entonces tienen mayor grado de desarrollo. En el área de investigación hemos trabajado conjuntamente con la Policía, ese trabajo ha sido fundamental y se debe continuar. Yo recorrí todo el país haciendo cursos de capacitación con fiscales y policías en el mismo tiempo y en forma conjunta. Eso también permitió generar confianza, mejorar los procesos, mejorar la comunicación. Todo eso se traduce en un resultado.
Los fiscales deben aprender a investigar. La investigación material en el territorio básicamente la desarrolla Policía, pero el fiscal necesita tener el conocimiento. Ser un fiscal de territorio y no de escritorio. Ese es uno de los grandes cambios de paradigma.
El sistema de información a nosotros nos permite saber prácticamente online qué está haciendo la Fiscalía. Ahí sabemos dónde tenemos dificultades. Los números nos indican la cantidad de denuncias que se presentan por jurisdicción, cantidad de casos adjudicados, cantidad de casos en investigación, cantidad de casos con formalizados, cantidad de casos con acusación y cantidad de casos con condena. Esa información nos permitió ir redistribuyendo esos recursos humanos, que por un lado sufrieron una mutación por renovación, irlos distribuyendo en todo el país e ir ajustando esa distribución Antes había una distribución muy estándar, era una Fiscalía, un titular, dos adscriptos, tantos administrativos, y nosotros fuimos adjudicando de acuerdo a las cargas de trabajo. Pudimos ir asignando fiscales y recursos humanos a donde se necesitaban en forma pareja a lo largo del territorio. La máxima de que el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario la hemos aplicado a rajatabla. Pusimos recursos humanos donde más se los necesitaban y los sacamos de donde no se los necesitaba tanto.
Por otro lado, reforzamos transitoriamente con recursos humanos o con apoyos desde nivel central. Nosotros tenemos unidades como la Unidad de Víctimas, que es una unidad central que trabaja directamente con los fiscales a demanda y en conjunto, un apoyo permanente. Eso genera una sinergia positiva, porque una víctima es una fuente de información muy importante y hay que atenderla porque tiene derecho. La mayor parte de los casos muchas veces se aclaran en base a la información que proporciona la víctima y no en base a complejos casos de investigación material.


Tenemos una unidad de litigación que trabaja directamente con los fiscales, a demanda fundamentalmente de los equipos fiscales según la complejidad de los casos o por asignación del fiscal de Corte. Ellos trabajan con los fiscales en la preparación de un juicio y en el desarrollo del juicio. Todo eso es un apoyo transitorio. También está cooperación internacional, que es todo lo que tiene que ver con cooperaciones, extradiciones. Estoy orgulloso del trabajo de estas tres unidades. Litigación ha apoyado a los fiscales en los juicios y hemos ganado juicios con ese apoyo, hacen un trabajo de muy buena calidad y en una muy buena sinergia con los equipos fiscales. En la unidad de víctimas ocurre lo mismo y también en cooperación, ya que esta unidad muchas veces nos permite obtener información de otros países, que antes era muy complejo. Todas las Fiscalías en Iberoamérica tienen un encargado de cooperación internacional que están en contacto entre ellos. La Fiscalía de Uruguay es un punto de contacto con la organización que vincula a todos los fiscales de la Unión Europea. Hay una vinculación permanente que nos permite que Europa nos envíe información o nosotros transmitirle información a Europa. Eso pasa también con la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, el Mercosur o con cooperación en frontera. Eso nos permite una agilidad en tener información que es fundamental a la hora de juicios complejos como en delitos informáticos, drogas o lavado de activos. Estamos trabajando con la unidad fiscal a través de la unidad de cooperación facilitando toda esa información que es fundamental, eso también mejora la eficacia. Ojalá tuviéramos más recursos porque necesitaríamos tener más unidades centrales. Los fiscales no necesitan que les refuerces el equipo, sino apoyo, coordinación e intercambio de información que es fundamental.

¿Qué importancia ha tenido la cooperación internacional para resolver casos complejos en Uruguay?

Hay dos niveles de cooperación. Hay un nivel de cooperación de información para casos, que es lo que nosotros proporcionamos y lo que recibimos. Además, el hecho de que sean las fiscalías las que lleven adelante las investigaciones permite que haya una cooperación formal que se hace para el juicio y una cooperación informal que es previa. Por ejemplo, yo no mando un exhorto a Brasil por determinado tema sin saber, sino que yo ya sé por cooperación punto a punto, cuando solicite la cooperación formal qué es lo que tengo que solicitar y qué es lo que hay del otro lado. Los puntos de contacto de la Fiscalía tienen distintos niveles, el nivel local en frontera, nacional y regional. Eso nos ha facilitado en muchísimos casos avanzar rápido. Si hacés el paso informalmente ya formalmente es todo mucho más rápido. Después están los grupos de trabajo a nivel de Mercosur y de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos que son grupos de fiscales de determinada materia que están interconectados entre sí e intercambian información sobre informaciones concretas. Un último punto es la capacitación. El hecho de poder tener esta vinculación internacional te forma. Saber qué está pasando en otros países, cómo se está atacando un problema en otro país y saber qué posibilidades hay es fundamental. Además, el otro nivel de cooperación es cuando una Fiscalía tiene información sobre una investigación que se está desarrollando en otro país y puede comparecer voluntariamente frente a otra Fiscalía y ofrecer la información, sin necesidad de esperar que te la pidan. A eso se le llama cooperación espontánea. A veces el tiempo que se pierde entre que te lo piden y lo mandas es clave. Eso nos ha permitido en muchas investigaciones de droga, lavado de activos y demás, trabajar rápidamente. En un mundo donde los delincuentes no conocen de fronteras, que los que investigamos estuviéramos atados por las fronteras sería muy complicado.

¿Cuáles son las principales preocupaciones de la Fiscalía con respecto a la votación del presupuesto?

Nosotros fuimos un servicio descentralizado que nació en el año 2015, con los mismos recursos que tenía cuando era unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura, que empezó a caminar y pese a eso hubo un corte con el Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Hubo un nacimiento en serio, no recibimos una apoyatura para empezar a caminar, luego comenzamos a crecer. Ahora viene esta situación donde aparentemente tendríamos que congelar ese crecimiento por la situación externa. A nosotros nos preocupa ese corte. Los desarrollos en materia informática que teníamos asegurados van a continuar, pero tenemos dificultades en lo que tiene que ver con seguridad estructural y funcional. También lo que tiene que ver con el desarrollo informático nos gustaría avanzar mucho más porque nuestro sistema y su montaje con el sistema de seguridad pública es único en todo américa. Estamos muy avanzados en esa línea, pero sabemos que se puede avanzar mucho más. La posibilidad de aplicar video o inteligencia artificial sobre los sistemas de información que nos permitan vincular casos, personas e investigaciones nos da un potencial de crecimiento impresionante. Si nosotros podemos desarrollar eso seguramente vamos a avanzar muchísimo en la eficacia y eficiencia de la investigación. Si no lo podemos hacer bueno, lo seguiremos haciendo a mano, pero no es lo mismo. Estamos al tanto de que el Poder Judicial ha planteado que los servicios periciales en la materia penal deberían pasar a la Fiscalía o no realizarlos ellos. Eso implicaría un proceso de separación de los cuerpos periciales que hoy están en el Poder Judicial, lo que tiene que ver con médicos forenses, psiquiatras forenses, psicólogos y demás. Eso requiere una especial atención, porque cada vez más la prueba pericial es muy importante en las investigaciones, sobre todo cuando hay que ir a juicio oral. Nos preocupa poder dar servicios periciales eficientes y de calidad. El reforzar la Unidad de Víctimas y poder tener presencia en todo el territorio nacional es otra preocupación. Dentro de la unidad lo que tiene que ver con el programa de protección de testigos. Cualquier restricción en la Fiscalía es un impacto en la seguridad. Cada vez hacemos más cosas, pero hacer más cosas con menos gente no es posible. Hay un reclamo de los gremios de Fiscalía que yo comparto de que deberíamos tender a crecer. Sabemos la situación de la pandemia, pero por lo menos lo que uno aspiraría es a no decrecer y a mantener los montos presupuestales que hoy se tienen. Y si hay nuevos desafíos como en el tema pericias estar en condiciones para hacer frente a eso.

¿Cambió algo desde que el expresidente Tabaré Vázquez declaró la emergencia nacional por femicidios el 30 de diciembre?

Yo citaba una frase de Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, que lo escuché en directo en una reunión de ministros de Justicia y fiscales en Colombia y él decía que "el amor en el gobierno se demuestra con presupuesto, no con declaraciones". Esa frase la he tomado porque realmente me parece muy gráfica. Uno puede hacer declaraciones muy rimbombantes respecto a determinadas situaciones, pero ejecutar es con presupuesto. La mera declaración conduce a la frustración, porque genera la expectativa y cuando eso no se cumple lo que viene atrás es la frustración. Le hemos dado particular importancia al tema femicidios, estuvimos a favor del agravante del homicidio. En su momento se nos decía que eso era derecho penal simbólico y nunca se va a aplicar, pero la realidad es que hoy tenemos condenas por femicidio a penas de 30 años y 15 de penitenciaría. Ese es un dato real. Lo que siempre dijimos es que la mera aprobación del agravante no iba a eliminar los femicidios, sino que iba a permitir castigar con mayor severidad delitos que se entendían más graves. Todos los días tenemos noticias sobre este tema y los fiscales lo han tomado con mucha fuerza. Si hay que dar prioridad a determinadas investigaciones es necesario darles prioridad presupuestalmente. Ahora vamos a hacer un enorme sacrificio para crear la séptima Fiscalía de Violencia Doméstica en Montevideo. Fiscalía necesita tener una tercera sede de Delitos Económicos en Montevideo, también una unidad especializada en drogas a nivel central. Para todo eso se necesita presupuesto.

¿El sistema político entiende de las necesidades de Fiscalía?

Creo que hay gente que tiene muy claro todo esto, pero hay un tema de posibilidades (económicas), eso sería necio de mi parte no reconocerlo. El tema es que acá estamos hablando de seguridad, que era para los uruguayos el principal desde el segundo semestre del 2009 hasta febrero de 2020. Hoy pandemia mediante, empleo y situación económica han desplazado un poco a la seguridad en tema de prioridades, pero siguen estando ahí. Si queremos realmente tener una política eficaz y eficiente en materia de seguridad pública en la investigación y persecución criminal la Fiscalía ahí es un actor relevante y no puede ser sustituido por otros actores. La imputación penal, la investigación, la persecución y la condena la obtienen la Fiscalía. Eso es así y hay que entenderlo así. De lo contrario corremos el riesgo de que el sistema se sature, que no podamos seguir avanzando en la eficacia. Yo me voy en menos de dos años, este no es un planteo para mi gestión, es para la institución. La institución es integrada por gente muy joven y con mucha garra y polenta. Uno siente que se podría hacer mucho más si se contara con determinados recursos, que tampoco son tantos porque en el marco del Estado el presupuesto de la Fiscalía es prácticamente insignificante.

¿Qué análisis hacés de la violencia en la sociedad uruguaya?

Sin dudas toda la sociedad uruguaya hoy es más violenta. Me llama la atención cuando alguna gente se asombra de que los delitos son más violentos. Hay más violencia de género, más violencia en el tránsito, en el deporte. Todas las actividades en la sociedad uruguaya son mucho más violentas comparadas con unos años atrás. Es una sociedad fraccionada y partida. No estoy haciendo análisis político, sino socioeconómico cultural. Hay claramente dos Uruguay y eso impacta en seguridad. Si mirás los delitos de homicidio prácticamente el 80% se cometen en una zona específica del país que es Montevideo y dentro del departamento en la zona del noroeste. Eso es un impacto de una sociedad partida. Eso implica factores sociales, económicos y culturales. Hay enormes sectores de la población donde delinquir no está mal. Eso se da porque a veces es la única vía para obtener determinados bienes y a veces es la vía que se ve de llegar rápido al éxito. También vivimos en este contexto, en una sociedad consumista y adolescente en el sentido de que no sé qué es lo que quiero, pero lo quiero ya. El éxito tiene que llegar y tiene que llegar rápido y se mide en bienes materiales. Para determinados sectores hay un solo camino, que es equivocado, para obtener a corto plazo bienes materiales, pero no a largo plazo. En la inmediatez eso sí funciona. Esa es la sociedad en la que vivimos y eso impacta en los delitos y en la seguridad.

 

Por Santiago Magni