En las últimas horas, la Justicia de la provincia argentina de Chubut dictó sentencia y cerró un caso complejo. Para llegar a la verdad, los investigadores debieron apelar a recursos más propios de las series de policías forenses que de la realidad: exhumar los restos de una bebé, sepultados hace tres años.
Según informó Diario de Cuyo, el expediente se inició en mayo de 2024, cuando una docente alertó a la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual (UFI Anivi) sobre la situación de una alumna de 13 años. Según relató la profesora, la menor le había confiado que, cuando tenía 12, “había tenido una pérdida”.
A partir de ese comentario, la docente profundizó la conversación y la niña reveló que había estado embarazada. De acuerdo con su testimonio, dio a luz de manera prematura —a los seis meses—, y la bebé falleció.
La causa quedó en manos de la fiscal Andrea Insegna, quien desde un inicio enfrentó un escenario complejo: no se trataba de un hecho reciente ni había sospechosos identificados. Tras la declaración de la menor, mediante cámara Gesell, los investigadores consideraron consistente su relato, aunque persistía la incógnita sobre la identidad del responsable.
Ante la falta de indicios directos, la Fiscalía resolvió avanzar con una medida excepcional en este tipo de investigaciones: la exhumación del cuerpo de la bebé fallecida para extraer material genético. El procedimiento se realizó en el cementerio, con intervención de personal policial y de la División Criminalística, y las muestras fueron remitidas al laboratorio forense para su análisis.
Durante el primer año de investigación, se evaluaron distintas hipótesis. Dos personas del entorno de la víctima —vecinos, uno menor de edad y otro adulto— fueron detenidas de manera preventiva, pero los estudios de ADN descartaron su vinculación con el hecho.
El avance decisivo se produjo cuando los peritajes se extendieron al círculo familiar. Los resultados permitieron identificar como autor del hecho a un hermano mayor de la víctima, de 19 años.
El joven fue detenido en octubre de 2025, tras aproximadamente un año y medio de investigación. Finalmente, en febrero de 2026, ante la evidencia reunida, aceptó un acuerdo de juicio abreviado y recibió una condena de 10 años de prisión efectiva en el Servicio Penitenciario Provincial.
El caso, que en un principio carecía de elementos para avanzar, logró resolverse a partir de una prueba poco frecuente, como la exhumación, que resultó determinante para establecer la identidad del responsable, en un contexto intrafamiliar.
Ahora, resta esclarecer por qué en el momento del nacimiento de la bebé no se activaron los protocolos jurídicos correspondientes, dada la edad de la madre.
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