Descendientes de charrúas reclaman reconocimiento constitucional

Una de las pugnas entre el Gobierno y el Consejo de la Nación Charrúa (Conacha) es por la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un instrumento jurídico internacional y vinculante sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales.

El artículo 14 de dicha convención señala que "deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan" y, en los casos apropiados, salvaguardar su derecho "a utilizar tierras (...) a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia".

En ese sentido, los objetivos que se fija el Conacha son "unas 2.000 hectáreas" de territorio ubicado al norte del Río Negro, entre los departamentos de Tacuarembó, Salto y Paysandú, dijo a Efe Martín Delgado, presidente del Consejo de la Nación Charrúa.

Según explicó, esos dominios se destinarían a la protección de sus cementerios y "patrimonio milenario", así como a fomentar el desarrollo de su cultura haciendo que esa extensión sea habitada por familias de ascendencia charrúa.

Delgado reconoce que las conversaciones con el Gobierno tuvieron un "cierto avance" cuando en setiembre del año pasado el ex canciller y actual secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, reconoció la responsabilidad del Estado en el exterminio de los charrúas.

La cesión de la soberanía de esos territorios por parte del Estado uruguayo, algo sobre lo que estaría obligado a legislar en caso de ratificar el Convenio 169 de la OIT, es uno de los motivos que más ha frenado las negociaciones, según Delgado.

Por su parte, Nelson Loustaunau, encargado de la asesoría de Relaciones Internacionales del Ministerio de Exteriores, señaló que su ratificación está "estancada" dado que varios agentes sociales y el Estado consideran que en Uruguay no se cumplen las características del Convenio 169, cosa que sí se da en otros países de la región, destacó.

Según Delgado, el Ejecutivo les dice que el artículo 14 provocaría "problemas con las gremiales agropecuarias", algo que "intuye" como una artimaña coercitiva por parte del Gobierno dado que no han recibido ninguna queja en ese sentido por parte del sector, uno de los más fuertes de la economía uruguaya.

"Más allá de que sea para desanimarnos, nosotros vamos a avanzar porque estamos concienciados del proceso de recuperación cultural que llevamos desde 1989 (año de la redacción del Convenio), y el tema de un espacio para ello es sumamente importante", dijo el titular del Conacha.

Ante las peticiones del Conacha y en la misma línea apuntada por Loustaunau, el antropólogo Daniel Vidart se mostró muy crítico a través de las redes sociales acerca de esos reclamos territoriales al destacar que para que se pueda aplicar el Convenio 169 de la OIT deben darse las dos condiciones: indígenas y tribales.

"Además, han de tener una cultura y modo de vida diferentes al resto de los habitantes del país" en cuanto al estilo tradicional de vida, la forma de subsistencia, el idioma, la organización social y unas instituciones políticas propias, añadió.

El antropólogo subrayó en su mensaje en las redes sociales que en "ningún momento" el convenio habla de "descendientes que viven incorporados a la cultura general de un país".

"El movimiento Charrúa no es una moda y vamos a seguir luchando. El tema es si el Estado va a dar respuesta a una realidad social que existe o si va a seguir dejándolo correr", aseveró Delgado.

Una consejera del Ministerio de Exteriores en Asuntos Indígenas, Mónica Michelena, señaló, en su opinión, Uruguay se "conformó en base a un genocidio que todavía no ha sido reconocido de forma oficial".

Para ella, la "matanza de Salsipuedes", perpetrada el 11 de abril de 1831, fue una "campaña de limpieza" de un pueblo que no se cristianizó y que suponía un obstáculo al "modelo de país que quería desarrollar Rivera".