El Ministerio del Interior informó este sábado que la Policía Nacional desarticuló una célula de una organización criminal transnacional que comercializaba ilegalmente en Uruguay medicamentos para adelgazar no autorizados por el Ministerio de Salud Pública (MSP).
La operación, denominada “Dosis”, fue ejecutada por el Departamento de Investigación de Delitos Especiales de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol en coordinación con la Unidad de Vigilancia de Puertos y Aeropuertos y con la Policía Federal de Brasil.
En el marco de dos allanamientos realizados el jueves, los efectivos detuvieron a un ciudadano uruguayo sin antecedentes penales e incautaron un total de 365 jeringas inyectables de las marcas Tirzepatida, Wegovy y Ozempic, junto a US$ 74.900 y $ 167.500 en efectivo. El valor total de lo incautado asciende a unos US$ 240.000.
La investigación se originó en controles de pasajeros realizados en puertos y aeropuertos, donde en los últimos meses se detectó a varios ciudadanos brasileños que llegaban mayoritariamente desde Londres transportando los medicamentos adosados al cuerpo.
En la terminal del Aeropuerto Internacional de Carrasco, en coordinación con la Dirección Nacional de Aduanas, se lograron incautar en una primera instancia 160 jeringas inyectables. El patrón de movimientos de estos pasajeros, que ingresaban al país y retornaban a Brasil de inmediato, encendió las alarmas y derivó las actuaciones.
El esquema de comercialización era clandestino: las dosis se vendían a $ 13.000 cada una, en efectivo y mediante entrega personal, para evitar dejar rastros en el sistema financiero. El Ministerio de Salud Pública colaboró con los efectivos en el control de la mercadería incautada, dado que ninguno de estos medicamentos cuenta con autorización para su comercialización en Uruguay.
La investigación también se enmarca en un operativo de mayor alcance regional. En abril de este año, la Policía Federal de Brasil ejecutó la denominada operación “Pluma Pesada” en 12 estados del país, incautando miles de inyectables para adelgazar cuya comercialización tampoco está autorizada en Brasil. Esa operación permitió establecer la existencia de una red criminal transnacional que operaba en varios países y acumuló bienes muebles e inmuebles producto de sus ganancias.
El hombre fue condenado como autor responsable de un delito de receptación en reiteración real con un delito de ofrecimiento comercial o venta de sustancias genuinas por persona inhabilitada. La pena fijada fue de 20 meses de prisión, sustituida por un régimen de libertad a prueba.