El Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) publicó una “carta abierta a las autoridades uruguayas”, exigiendo “sanciones a la empresa UPM por el mayor derrame químico de la historia del Uruguay”.
“El pasado 17 de agosto se tuvo la primera noticia del que sería un desastre ambiental, un derrame de un millón de litros de soda cáustica de la empresa UPM en Pueblo Centenario provocó la extinción de toda vida en un curso de agua cercano”, comienza la misiva.
“La empresa y el gobierno sabían que desde el mes de junio había pérdidas en la pileta de decantación que recibía la soda, y que hubo una rotura en el intercambiador de calor de soda cáustica, lo que demuestra la inoperancia de los sistemas de control de UPM, y la falta de responsabilidad de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental y del Ministerio de Ambiente”, agregan.
Movus dijo que, “lo que es aún peor”, UPM “pretendió minimizar el hecho a nivel de la prensa y el Ministerio de Ambiente demoró 40 días en dar la noticia”, anunciando incluso “una posible irrisoria multa a UPM de 1.000 UR (aproximadamente 42.000 dólares), siendo que solo UPM 1 tiene una ganancia neta de 650.000 dólares por día”.
“Hace décadas que las organizaciones sociales, ambientales y sindicales denunciamos los atropellos de las multinacionales forestales y sus plantas de celulosa, basadas en monocultivos que destruyen nuestra tierra fértil, expulsan a los pequeños productores, acaparan el uso del agua y afectan gravemente la biodiversidad. Este hecho no es un mero accidente, es parte del modelo productivo extractivista y altamente contaminante”, dice el comunicado.
“En setiembre de 2022, un vivero de UPM en Guichón, Paysandú, fue denunciado por contaminar un arroyo. Usaba 17 agrotóxicos peligrosos no autorizados y, días después, el MGAP [Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca] por decreto los autorizó favoreciendo a la empresa y minimizando el desastre que causó en el curso de agua. UPM 2 recibió 11 sanciones durante la construcción y tres más en los cuatro meses de funcionamiento”, agrega el grupo.
Por lo que argumentaron, el movimiento exige “con urgencia” que se sancione a “UPM 2 con parada de planta total hasta que se hayan determinado las causas y solucionado el problema para que no vuelva a suceder”.
“Mientras dure la sanción UPM debe hacerse cargo del salario completo de las y los trabajadores, y los pagos a proveedores de insumos comprometidos”, añaden.
“Instalar una comisión de seguimiento de sesión mensual, abierta a la ‘participación, gestión y control de toda la ciudadanía, en las tres plantas de celulosa [UPM, UPM 2 y Montes del Plata], tal como lo exige el art. 47 de la Constitución (reforma constitucional votada por el pueblo en 2004) y la Ley 18.610 en relación al agua”, reclama Modus.
“El agua, la tierra y la vida se cuidan y se defienden, basta de extractivismo depredador impune”, concluye la carta, suscrita por unas 40 organizaciones y dirigida a Presidencia, el Ministerio de Ambiente, al Senado y la Cámara de Diputados.
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