Denuncian obstáculos en investigación

Los legisladores argentinos Graciela Ocaña y Manuel Garrido, que en abril de 2013 iniciaron una causa para que el juzgado de Crimen Organizado a cargo de la jueza Adriana de los Santos investigue varios casos de lavado de activos, vinculados a la llamada ruta del dinero K, llegaron este viernes a Montevideo para reunirse con la magistrada.

Durante la audiencia, De los Santos les informó que luego que ellos abrieran la causa envío un exhorto a la Justicia argentina-vía Cancillería- y se lo devolvieron por cuestiones formales. En octubre lo reenvió y hasta ahora no le respondieron.

Según informó al diario El País, la diputada argentina Graciela Ocaña “todas las medidas que se podían tomar en la causa en Uruguay se adoptaron. Ahora hay que trabajar sobre el delito precedente, que serían hechos de corrupción en Argentina".

Por su parte, Garrido acusó a cancillería de estar “trabando el avance de la investigación”. “Si no, no se entiende la demora injustificada en responder los requerimientos judiciales de Uruguay", agregó el legislador.

El caso que está investigando la justicia uruguaya involucra a unas 40 empresas presuntamente involucradas en una red de lavados de activos, en la que agentes financieros sacan dinero ilícito de Argentina para depositarlo en bancos de Suiza.

La maniobra denunciada, realizada por empresas vinculadas al empresario argentino Lázaro Baez, consistiría en declarar mayor monto del gastado en obras públicas ganadas por licitación y sacar el dinero sobrante del país, a través de Uruguay, Panamá y Suiza.

Hay varias empresas con sede en Uruguay bajo sospecha de ser utilizadas para girar el dinero proveniente de la Argentina. En la investigación que llevan adelante ambos países están bajo la lupa unas cuarenta empresas radicadas entre Argentina, Panamá, Uruguay y Belice y unos quince empresarios, todos argentinos.