Denuncian cheques sin fondo, compras sin tasación y retiros de efectivo de Casa de Galicia

El Ministerio de Salud Pública (MSP) radicó en diciembre una denuncia penal sobre presuntas irregularidades en Casa de Galicia, la institución de salud cuya debacle económica condujo al cierre definitivo en marzo de este año.

La denuncia del MSP —que luego fue ampliada con información proveniente de quienes trabajaron en el periodo de intervención— refiere a la emisión de cheques sin fondo por varios millones de dólares, a la adquisición de una clínica por US$ 3,5 millones sin tasación previa y a una maniobra del expresidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, que habría retirado de una casa de cambio US$ 180.000 que pertenecían a las arcas de la mutualista.

En un informe elaborado por las interventoras de Casa de Galicia, se detallan nueve irregularidades que, según el MSP, conllevan “apariencia delictiva”. El documento forma parte de la investigación que encabeza el fiscal de Delitos Económicos Gilberto Rodríguez, según da cuenta hoy el diario El País y confirmó Montevideo Portal con fuentes ministeriales.

El MSP considera que en la gestión de la mutualista se podría estar ante los delitos de estafa, apropiación indebida, asociación para delinquir, libramiento de cheques sin provisión de fondos, libramiento de cheque en garantía y usura.

Los nueve puntos

En primer lugar, el informe advierte que “se liberaron cheques [en Casa de Galicia] por millones de dólares que no tuvieron fondos”. Además, se encontraron cheques que “fueron firmados en garantía, con doble cobertura, ante la devolución de préstamos a acreedores financieros”.

El segundo punto refiere al pago de “tasas de usura” a acreedores financieros. “En algunos casos se utilizaba un procedimiento por el cual se firmaban contratos a tasas legales, pero luego se pegaban sumas superiores que no reflejaban las tasas realmente acordadas”, plantea el documento, según consigna El País.

En el tercer elemento se indica que Iglesias “firmó órdenes irrevocables de pago a acreedores financieros y otras para ser abonadas por un Fideicomiso de Administración acordado con República Afisa, lo que implicó la cesión de créditos hasta entrado 2024”.

En cuarto lugar, se detalla que la compra de una clínica de los hermanos Leborgne, que habría sido por US$ 3,5 millones, se concretó sin informes técnicos ni tasaciones previas del equipamiento ni de la marca.

El quinto elemento refiere al ingreso de dinero por préstamos financieros a la institución por sumas millonarias sin el “debido control sobre el origen de los fondos”.

Un sexto punto apunta a cómo se hacían los procesos de compras: “La detección de una necesidad, la elección del proveedor, la negociación, la firma de contratos o acuerdos, la conformación de la factura y la autorización para el pago, todo pasaba por Iglesias y una persona de su confianza, el cual lamentablemente se quitó la vida dos días después de efectivizada la intervención del Poder Ejecutivo”, advierte el informe.

En séptimo lugar, la denuncia señala que las retenciones a los sueldos de los funcionarios de Casa de Galicia “no fueron vertidas a los organismos e instituciones correspondientes”.

El octavo elemento indica que el alquiler de un local de los Leborgne, ubicado en Punta Carretas, fue a través de “un contrato entre particulares” pero “el pago lo realizó Casa de Galicia”.

El último punto refiere a un Centro Oftalmológico, ubicado en avenida Centenario, que según la denuncia debía realizarse a cuenta de un médico a cambio de un comodato por 10 años, pero finalmente la obra fue pagada por la mutualista.

Órdenes de último momento

En relación con el tercer punto del informe de las interventoras, la Liga de Defensa Comercial radicó una denuncia penal cuyo resultado en primera instancia le fue favorable, según supo Montevideo Portal con fuentes judiciales.

Unos días antes de la solicitud de concurso, sabiendo que eso iba a suceder, Iglesias ordenó unas directivas “irrevocables” para que se pagaran ciertos préstamos que se habían tomado. Entre estos estaban los de algunos conocidos prestamistas. La naturaleza de esos préstamos —si fueron regulares o no— también está bajo investigación judicial, aunque aún no hay resolución al respecto.

La maniobra de Iglesias

Según relata la nota de El País, la ampliación de la denuncia del MSP incluyó un hecho que el ministerio definió como “gravísimo”. En octubre de 2019, en medio de la crisis, Casa de Galicia había comprado un inmueble en las calles Centenario y Luis Alberto de Herrera por US$ 800.000.

Para la compra se entregaron cuatro letras de cambio por US$ 50.000, cada una de un banco de plaza, como forma de pago. Los restantes US$ 600.000 se debían depositar en cuentas bancarias de quienes vendían el local.

De esos US$ 600.000, una mitad se pagó a través de la cesión de un fideicomiso de la mutualista Gremca, y para la otra parte se pidió un préstamo de US$ 480.000 a un grupo de clientes de Corredores de Bolsa. Por la diferencia de US$ 180.000, el contrato del préstamo establecía que debían ser depositados en la cuenta de un cambio. De acuerdo con la información del matutino, las interventoras reclamaron que ese dinero fuera enviado a las arcas de Casa de Galicia. Sin embargo, el cambio informó que este había sido retirado por Iglesias luego de cambiarlo a pesos, llevándose así $ 7.596.000.

Esto ocurrió el 10 de febrero de 2021, dice el documento, que concluye: “Carece de total sentido y resulta inexplicable que el presidente de la institución concurra personalmente a una casa de cambio, ordene se cambie el dinero a pesos y los retire en efectivo sin que existan indicios, según lo que se sabe hasta el momento, que ese dinero haya ingresado a Casa de Galicia”.