Declaran ante la Justicia los 21 imputados por la Operación Océano

La fiscal penal especializada en Delitos Sexuales Darviña Viera es la fiscal que lleva adelante la investigación de la Operación Océano, una investigación que tiene 21 personas formalizadas, en su mayoría por el delito de retribución o promesa de retribución a menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo.

A comienzos de agosto, Viera solicitó al Poder Judicial una nueva audiencia "por diversos motivos", que se realiza este viernes 14 de agosto con la presencia de los 21 imputados y también de al menos algunas de las víctimas.

La audiencia por el caso estaba prevista para las 08:30 horas en la Sala Constitución de la República (planta baja del Palacio de los Tribunales).

Comenzó una hora más tarde debido a problemas en la conducción del imputado que se encuentra cumpliendo prisión preventiva. La decisión de hacer la audiencia en el P. de los Tribunales responde a la importante cantidad de convocados: representante de Fiscalía, defensores de las víctimas (que son 22) y defensores de los imputados (que son 21), ya que solo en ese lugar era posible preservar el distanciamiento social mínimo exigido por las medidas sanitarias en vigor, informaron fuentes judiciales a Montevideo Portal.

La audiencia es presidida por la Jueza Letrada en lo Penal de 33º Turno, Dra. Adriana de los Santos. A pedido de la Fiscalía, el proceso fue declarado reservado a efectos de preservar la identidad y derechos personales de las víctimas, por lo que no se admite la presencia de público o de medios de comunicación.

Según informó la periodista Magdalena Correa (Subrayado-Canal 10) y confirmaron fuentes judiciales a Montevideo Portal la jueza Adriana de los Santos dio lugar al pedido de la fiscal Viera y decidió levantar la reserva de uno de los expedientes de la causa.

La medida fue tomada para que los abogados que actúan como defensores puedan acceder a ese expediente.

Tras concluir este punto, la fiscal Viera solicitó la ampliación de las medidas cautelares sobre los imputados por otros 180 días, prohibiéndoles la comunicación con las víctimas y el acercamiento en un radio de mil metros.

Se procedió a debatir la pertinencia de las medidas. Defensores de las víctimas apoyaron las mismas, lo que por lógica no ocurrió con los defensores de los imputados, quienes presentaron múltiples cuestionamientos, que van desde la necesidad de precisar claramente qué imputados no pueden acercarse a qué víctimas, hasta la imposibilidad material de imponer una medida tan amplia que implica el no cruzamiento entre sí de un total de 43 personas en un espacio geográfico finito.

El abogado de uno de los imputados, Ignacio Durán, dijo a la prensa que se buscaba que la defensa pueda "acceder a la carpeta" y a "información" porque "había muchas actuaciones reservadas".