El economista Ignacio Munyo, director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), abordó este miércoles los desafíos que tiene Uruguay para “salir del laberinto” y romper la “inercia tremenda” en distintos aspectos de la coyuntura.
En su exposición, Munyo señaló que en Uruguay “hay una cultura de gradualismo que hace que los cambios sean lentos”. Por tanto, señaló, se debe “aprovechar” la posibilidad de que la OCDE brinde asesoría técnica en distintas áreas, como gasto público, regulaciones, educación y seguridad, así como el proceso para el ingreso al Acuerdo Transpacífico, como forma de acompasar la normativa local a las de los países socios de ese bloque.
“Pasó un helicóptero que nos está tirando una soga para salir del laberinto para encarar una agenda en la que Uruguay tiene que avanzar. Es una agenda que tiene mayoría en la opinión pública, pero debemos reconocer que pasan los gobiernos y no podemos cambiar. No podemos avanzar. Hay una inercia tremenda y estamos encerrados en el laberinto. Hay que dejarse ayudar”, dijo Munyo sobre el final de su presentación.
“El Acuerdo Transpacífico y la OCDE tienen extendida la mano y es lo que nos permite poder escaparnos de la trampa de este laberinto que no nos está llevando al lugar que uno quisiera como país. Miremos con mucha atención lo que está pasando afuera y aprovechemos esta vez a subirnos a este helicóptero”, concluyó.
las normas “lobby” y la “intensidad” de funcionarios
Uno de los temas que abordó Munyo fue la superposición de competencias o funciones entre dependencias del Estado, así como la existencia de “normas por las dudas” o “normas lobby”. A estas últimas las definió como “normas que fueron mantenidas por intereses sectoriales que buscan mantener posiciones preexistentes con efectos negativos, como mayor costo de vida y menor productividad”.
En definitiva, dijo que este tipo de regulaciones “afectan la inversión”.
El economista citó el caso de pago de timbres de $170 para la Caja de Profesionales, que tiene como “consecuencia” el hecho de “pagar por tener hijos”. Y apuntó que, con esto, los hogares de bajos recursos financian pasividades en promedio de $94.000. También habló de la regulación de la profesión de los despachantes de aduana. “Así está lleno. Y esto es también lo que hace caro a Uruguay”, afirmó.
Sobre el presupuesto del Estado, Munyo dijo: “Tenemos un gasto público que está atrapado en una inercia de hace muchos años”.
“Uruguay tiene una intensidad de funcionarios públicos por persona altísima, de casi el doble de los países de la OCDE, que son estados fuertes y presentes. Pero los números de Uruguay son tremendos. Y acá hay muchos de los problemas que hoy tiene Uruguay”, señaló después. Según apuntó, por cada funcionario público en Uruguay hay 12 personas; en países de la OCDE son 20.
La seguridad y la educación
En otro pasaje de su intervención, Munyo habló de las implicancias que tiene la acción del crimen organizado en desalentar las inversiones. Según dijo, Uruguay está “asediado” por estos grupos, lo que lleva a múltiples consecuencias de conflictos en barrios y fragmentación social, pero que además “tiene impacto directo en el clima de negocios”.
“Se puede salir de la trampa del narco”, afirmó después, y destacó el trabajo del gobierno con distintas organizaciones sociales y partidos políticos para elaborar un plan nacional de seguridad.
Otro de los puntos que analizó Munyo fue la calidad del sistema educativo, donde señaló los altos índices de abandono. “Se necesita algo mucho más fuerte y contundente para cambiar una realidad que trasciende gobiernos”, dijo.
Planteó una formación dual, entre el centro educativo y la empresa, que compartan responsabilidad en la formación de estudiantes. “Hay que generar algo distinto a lo que venimos fracasando desde hace tanto tiempo”, señaló.