De falta de pruebas a “errores administrativos”: ¿por qué la Justicia sobreseyó a Besozzi?

La fiscal de Soriano, Luisa Vago, elaboró un documento de 66 páginas en el que explica por qué concluyó que no existen pruebas suficientes para solicitar la condena del intendente Guillermo Besozzi y otros jerarcas investigados por presuntos delitos contra la administración. La fiscal sostiene que, tras más de dos años de indagatorias, no se alcanzó el estándar de prueba necesario para sostener una acusación.

Según el documento, consignado por el medio local Periódico Centenario, durante la investigación surgieron indicios que permitieron formalizar la causa, pero al profundizar en los hechos “no se logró reunir plena prueba” de que se hubieran cometido delitos como peculado, abuso de funciones, tráfico de influencias o cohecho.

Uno de los puntos analizados fue la entrega de adelantos de dinero a Adeom: la fiscal concluyó que esos pagos no constituyen peculado ni otro delito porque se realizaron como anticipos financieros que quedaron registrados en la contabilidad de la intendencia y que luego fueron descontados o regularizados.

Otro de los episodios investigados refiere a la supuesta entrega de materiales a particulares a cambio de favores o gestiones. Según el análisis de Vago, no se logró probar que los materiales mencionados en las conversaciones telefónicas provinieran de la intendencia ni que existiera un acuerdo ilícito entre las partes. En ese sentido, sostiene que las escuchas muestran comentarios o pedidos informales, pero no evidencian una contraprestación ni un beneficio indebido que configure un delito.

La fiscal también concluyó que “no surge de la evidencia reunida” que los hospedajes de la excandidata blanca Laura Raffo en Mercedes hayan sido pagados con dinero de la intendencia. Sobre este tema declaró el director de Relaciones Públicas de la comuna, Alejandro Gil, quien dijo que se trató de “errores administrativos” y que Besozzi “nunca le solicitó que se hicieran reservas de parte de la intendencia en favor de Raffo y de su comitiva”.

Otro de los hechos investigados señalaba que se habrían pagado servicios a maquinaria vinculada a un donante político sin que hubiera realizado tareas: la fiscal señaló que, al ser conversaciones entre terceros, no eran “suficientes para probar una conducta delictiva”.

Uno de los sucesos refiere a que el intendente Besozzi se comunicó con el director de Tránsito tras el reclamo de un conocido de 87 años por un trámite de licencia de conducir: el sujeto debió repetir la prueba de manejo en Dolores, pese a ya haberla hecho en Mercedes. Según el informe, “no puede afirmarse que dicho acto sea arbitrario, ya que la conducta del imputado se limitó a averiguar lo sucedido”.

Durante la campaña electoral de 2024, se produjo una conversación entre Besozzi y el encargado de Auditoría de la comuna, Germán Cavallero, quien habló de haber tomado “por asalto” la intendencia y haber juntado “20 lucas” para la lista 903. Pese a ello, la magistrada entendió que no existió delito de concusión porque no se logró acreditar que ambos “hayan obligado a otros funcionarios municipales a darles dinero para la campaña política”.

Las escuchas también revelaron dudas sobre un faltante de $ 280.000 en la administración del Municipio de Villa Soriano: la fiscal señala que no se pudo determinar si se trataba de irregularidades administrativas por una “mala gestión por no llevar adecuadamente los egresos de dinero” o de apropiación indebida, por lo que no había base para imputar delito.

Otro de los hechos que configuraban el pedido de imputación era un pago de US$ 52.000 a un privado por parte de la Dirección de Talleres de la comuna. “No se vislumbra con ello la existencia cierta de un ilícito que haya ameritado la interposición de denuncia penal. Pareciese que se trata más bien de errores administrativos o de falta de registro por parte de funcionarios municipales”, señala el informe.

Por otra parte, se investigó la entrega de material de fresado para el secretario general de la intendencia, Daniel Gastán, y la fiscal determinó que “no surge configurado el delito de peculado” porque no se probó apropiación indebida de bienes públicos.

Por último, también se analizó posible tráfico de influencias en el Instituto de Colonización, una gestión por un pedido de un conocido que mantenía una deuda de patente con la Intendencia de Paysandú, un eventual abuso de funciones por arreglar un camino rural a cambio de votos, el traslado de un toro a cambio de materiales de la intendencia, el robo de combustible a un catamarán por parte de funcionarios municipales, un intento de cambio de cheques y posibles irregularidades en una licitación de un camión. Para todos ellos, no se logró acreditar pruebas suficientes ni elementos que configuren hechos ilícitos.