Damnificados por fondos ganaderos exigen "proporcionalidad adecuada" entre delitos y penas

Un grupo de damnificados por las distintas estafas en torno a los fondos ganaderos en Uruguay instaron a que se “observe seriamente” si existe una “proporcionalidad adecuada” entre los delitos económicos —por los que se ha imputado a figuras de Conexión Ganadera o Portfolio Capital— y las penas que prevé el sistema como condena.

“La situación actual de los fondos ganaderos debería ser catalogada como de interés nacional, no solo por la cuantía de los montos establecidos, no solo por la cantidad de familias damnificadas al día de hoy, sino que debe ser analizada por estar en juego la credibilidad del servicio de información en el rubro con mayor actividad económica del país”, reza una carta divulgada por Matías Corts, vocero de los afectados.

En esta línea, asegura que los distintos fondos “han perjudicado a unas 6.000 familias aproximadamente”, lo que se traduce en unos US$ 600 millones, estimó.

Así, los damnificados critican que “se observa” un Poder Judicial “debilitado” y que “no cuenta ni con recursos humanos [ni] materiales acordes” al volumen de información para que la investigación avance “de forma adecuada”.

“Resulta legítimo preguntarse si el sistema procesal actual brinda a los damnificados herramientas suficientes para participar en las investigaciones de la criminalidad de gran escala”, continúa la misiva. Ante esta situación, indica Corts, “podría discutirse” el rol de los abogados defensores de los intereses de las víctimas.

El vocero de las víctimas argumentó, pues, si no es el “momento más que oportuno para poder debatir si son eficaces” las medidas cautelares implementadas. Según opinó, sería “muy liviano” poner el foco únicamente en el arresto domiciliario, ya que se debería hacer un “análisis profundo” sobre dichas medidas “en su conjunto”. Además, aseguró que en los delitos de carácter económico “el factor temporal tiene un impacto determinante”, por lo que cuanto más se demora la identificación, congelamiento y preservación de activos, “menor resulta la posibilidad real de reparación para las víctimas”.

“Debería observarse seriamente si, efectivamente, existe una proporcionalidad adecuada entre los delitos de carácter económico y las penas que prevé el sistema como condena”, aseguró Corts.

Finalmente, los damnificados cuestionaron si las herramientas normativas, presupuestales y operativas existentes “son suficientes para enfrentar formas de criminalidad económica sofisticada”. Al mismo tiempo, se preguntaron también si las falencias en la respuesta judicial “pueden configurar supuestos de responsabilidad del Estado en el ejercicio de la función jurisdiccional”.