Cursos sobre pasado reciente estarán en “todos los niveles” educativos, anuncia gobierno

La Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente presentó este miércoles los “avances y lineamientos” previstos para el actual período de gobierno.

Con la asistencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, la directora del organismo, Alejandra Casablanca, aseguró que “se agotarán todas las instancias para la búsqueda de la verdad acerca de los detenidos desaparecidos”.

Según la jerarca, “estos son compromisos que, para este gobierno, no son letra muerta”. En ese sentido, se presentaron una serie de acciones de cara a ese objetivo, principalmente “continuar la búsqueda”.

Además, el gobierno plantea “revisar las leyes reparatorias de las víctimas de la actuación ilegítima del Estado; desarrollar una política nacional de memoria; garantizar la fluidez de la tramitación judicial de los casos donde se juzguen delitos de lesa humanidad; levantar toda traba burocrática que obstaculice la obtención de información de calidad respecto a los lugares de enterramiento; posibilitar mayor acceso a fuentes de inteligencia militar que permita más celeridad en el conocimiento de los archivos de la dictadura; eliminar de establecimientos y espacios públicos toda referencia a personas militares o civiles condenadas por crímenes de lesa humanidad, e incluir en los programas educativos de todos los niveles cursos sobre el pasado reciente”.

Por otro lado, Gabriela Valverde, ministra del Interior en ejercicio, anunció que se retomó un convenio de 2013, suspendido en 2020, que posibilita la digitalización del archivo histórico de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

Este archivo será enviado a la secretaría para recibir custodia y ser consultado, informó.

Además, luego del evento, la ministra de Defensa, Sandra Lazo, anunció en rueda de prensa que desde la cartera se analizará la posibilidad de que las personas que cometieron delitos de lesa humanidad durante la dictadura dejen de percibir jubilación.

“Estamos dispuestos a dar la discusión sobre si es ético que las personas que están prófugas deban seguir cobrando sus haberes”, planteó. Además, sostuvo que esos delitos “no prescriben” y cuestionó la normativa actual que permite que “continúen por el mundo como si estuvieran de vacaciones, cuando en realidad están siendo requeridos por una causa”.