El Banco Central de Cuba autorizó a diez empresas —nueve privadas y una mixta— a utilizar criptomonedas para realizar pagos internacionales, en lo que constituye la primera licencia de este tipo desde la regulación de activos virtuales en 2021.

La medida, oficializada mediante la resolución 4/2026, establece un marco estrictamente regulado: las operaciones deberán canalizarse exclusivamente a través de proveedores autorizados por el propio Banco Central.

Alcance regulatorio: control y límites claros

La normativa fija condiciones precisas:

Además, se excluye explícitamente el uso de criptomonedas dentro del mercado interno, lo que evidencia el carácter experimental y controlado de la medida.

Entre las empresas autorizadas predominan firmas tecnológicas, aunque también se incluyen compañías de transporte, gastronomía e industria ligera. Esta diversificación sugiere un intento de evaluar el impacto del uso de criptoactivos en distintos sectores de la economía.

Contexto: sanciones y asfixia financiera

La decisión del gobierno de Cuba responde a las severas limitaciones para operar en el sistema financiero internacional, derivadas de las sanciones de Estados Unidos y su inclusión en listas restrictivas.

Estas condiciones dificultan transferencias, pagos y acceso a divisas, tanto para el Estado como para el sector privado, en un contexto de crisis económica prolongada, escasez de liquidez y restricciones bancarias internas.

Criptomonedas como herramienta geopolítica

El uso de activos digitales como Bitcoin u otros similares aparece como una alternativa para eludir intermediarios financieros tradicionales y reducir el impacto de sanciones.

Sin embargo, el enfoque cubano dista de ser una liberalización plena: se trata de un modelo centralizado, donde el Estado mantiene el control sobre plataformas, flujos y actores autorizados.

Riesgos y desafíos

Aunque la medida abre una vía para facilitar pagos internacionales, enfrenta varios desafíos: