Cruces entre Lazo y la oposición por rescisión de contrato de Cardama

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, defendió este lunes la decisión del gobierno de Yamandú Orsi de rescindir el contrato con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas (OPV) destinadas a la Armada Nacional. Tras comparecer ante la comisión investigadora que analiza el caso, la jerarca afirmó que la medida está “fundada absolutamente” y responde al “bien público y a los intereses del Estado”.

Acompañada por los legisladores del Frente Amplio Nicolás Viera y Joaquín Garlo, Lazo subrayó que la rescisión se adoptó tras constatar la falsedad de las garantías financieras presentadas por la empresa. “Cuando hay un contrato entre un Estado y un oferente, un empresario, hay una relación de confianza mutua. Si esa confianza mutua cae, lo contractual tiene mucho que ver”, señaló la ministra.

El contrato con Cardama se originó durante el gobierno de Luis Lacalle Pou y desde el inicio hubo denuncias de irregularidades. En 2025, una vez asumido el gobierno de Orsi, se anuló el acuerdo tras detectar que las garantías financieras presentadas por la empresa eran falsas o apócrifas.

La ministra destacó que en dos oportunidades se constataron irregularidades en la garantía de fiel cumplimiento. Incluso, el mismo día en que se anunciaba la rescisión, “Cardama envió una nueva garantía con mayores errores y más apócrifa que la primera”. "La dignidad nacional y los intereses del Estado tienen que estar por encima de cualquier opinión aislada", afirmó Lazo.

Mientras tanto la bancada de la oposición brindó una conferencia de prensa tras la comparecencia de Lazo, en la que expresó su rechazo a las explicaciones de la ministra. El diputado nacionalista Gabriel Gianoli dijo que se fueron “muy preocupados” y que nuevamente, al igual que en junio del año pasado, “la ministra miente sobre algunos temas”, comentó.

“La ministra entiende que puede ir por fuera de la ley. Entendemos nosotros que eso no corresponde, como no corresponde que diga que no hubo una transición con información”, indicó Gianoli.

El diputado agregó: “La ministra dice que no tuvo elementos en la transición y, sin embargo, le demostramos en una nota que la senadora Lazo manda y hace referencia a una reunión que tuvo el 27 de noviembre con el exministro Castaingdebat que le informó sobre todo el proceso de OPV, incluso le informaba sobre los posibles ascensos”, señaló.

Gianoli sostuvo que no lograron que la ministra les contestara, pero dijo que sí le respondió al oficialismo. “Nos termina demostrando que había una actitud ya deliberada del Frente Amplio de descabezar a la Armada, quitar a quienes estaban al frente del proyecto e incidir para llegar a esta rescisión”, indicó.

El exministro de Defensa, Armando Castaingdebat, advirtió este lunes que Uruguay enfrenta una posible demanda millonaria por la rescisión del contrato. “Quedan puntos oscuros de algo que nosotros dijimos el lunes pasado: que Uruguay está en un lío y es cómo va a terminar esta historia con una demanda millonaria que los responsables del astillero Cardama están haciendo a Uruguay”, advirtió.

El exjerarca aseguró que, a su entender, la comisión investigadora no logró acreditar irregularidades durante el proceso de contratación y defendió el procedimiento llevado adelante durante la anterior administración.

Además, insistió en que el contrato se encontraba en ejecución y consideró que cualquier inconveniente con las garantías podía solucionarse sin cancelar el acuerdo.

El senador Nicolás Viera, integrante de la comisión investigadora, destacó que el empresario español decidió no comparecer ante la comisión, ni presencialmente ni mediante videoconferencia. “Lamentablemente nos comunicó formalmente que no va a comparecer, lo cual es una lástima porque teníamos muchas preguntas para formularle”, indicó. El legislador subrayó que Cardama fue “la persona que entregó en mano al Ministerio de Defensa la documentación que nosotros ahora hemos acreditado que está adulterada”, dijo.

Consultado sobre la amenaza del astillero de iniciar un arbitraje internacional, Viera aclaró que el contrato establece con claridad que los aspectos contractuales y jurídicos se dirimen en la jurisdicción uruguaya. “Serán los tribunales uruguayos los que deban dirimir cualquier diferencia, no el arbitraje internacional”, y calificó el planteo de la empresa como “un manotazo de abogado”, agregó.

Respecto al casco de la patrullera que quedó en el astillero español, Lazo indicó que el Poder Ejecutivo encomendó “tomar los recaudos suficientes para resarcirnos de lo que es nuestro” y aseguró que se están llevando adelante los procedimientos para recuperar lo que pertenece al Estado uruguayo.

La comisión investigadora tiene plazo hasta el 23 de agosto para finalizar su trabajo. Viera adelantó que habrá un informe en mayoría del Frente Amplio y otros informes en minoría de las bancadas opositoras. Una vez elevados a la Asamblea General, se deberá votar en una reunión formal de todos los legisladores. “Hoy por hoy, el Frente Amplio tiene 74 votos y 74 tiene la oposición. Por lo tanto, tenemos empate y se requerirá negociación para que algo prospere”, señaló.

El senador cerró con un llamado a “broquelarnos en función de los intereses del Estado frente a un fraude del que ha sido víctima”, concluyó.