Néstor Martínez, vocero de la Mesa Coordinadora por la Vida, consideró que la posibilidad de reglamentar el acceso al Misoprostol para favorecer el aborto terapéutico, "es un atentado al derecho a la vida que todos tenemos desde la concepción. Algo que está demostrado por la ciencia más allá de toda consideración religiosa. Lo primero que se debe haber en una sociedad democrática es defender el derecho a la vida".

"El aborto sigue siendo delito en Uruguay. Tenemos una situación contradictoria a nivel jurídico, con una ley Sexual y Reproductiva que autoriza el asesoramiento para cometer un delito. Esto profundiza en esa contradicción. Se está asesorando sobre cómo cometer un delito con menos riesgo", consideró Martínez.

El Ministerio de Salud Pública podría emitir un decreto que reglamente el uso y acceso al Misoprostol, de modo que este medicamento esté al alcance de las pacientes. Se busca que tengan acceso al Misoprostol fuera de los hospitales, para poder concluir con el aborto terapéutico en sus casas.

Días atrás, el subsecretario de Salud Pública, Leonol Briozzo, dijo al diario Últimas Noticias que está de acuerdo con "que hay que mejorar con respecto a la angustia que sufren muchas mujeres con el acceso al Misoprostol". Briozzo recordó que hace cuatro años que no muere una mujer por aborto en Uruguay.

El consumo de este fármaco es el método más utilizado para interrumpir el embarazo en Uruguay.

Consultado por Montevideo Portal, el vocero de la Mesa Coordinadora por la Vida, explicó que el grupo introdujo un recurso ante la Justicia contra estas iniciativas.

A juicio de Martínez, "este tipo de declaraciones son coherentes con todo lo que vino haciendo el Dr. Briozzo. Tenemos indicios que esto se inscribe en una campaña internacional para el control de la población. Es una forma de legalizar el aborto cuando no está legalizado. Es una contradicción jurídica".