La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner denunció este jueves que Víctor Manzanares, excontador de su familia y testigo clave en la causa conocida como “los cuadernos de las coimas”, fue víctima de “tortura blanca” durante su detención como imputado colaborador.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de X (ex Twitter), Fernández sostuvo que Manzanares fue mantenido bajo aislamiento extremo en una celda sin ventanas, con iluminación permanente, vigilancia constante y sin contacto humano, en lo que describió como un tratamiento inhumano destinado a quebrar su voluntad. La denuncia se basa en el testimonio de Roberto Herrera, abogado de Manzanares, en una entrevista televisiva.
"Esto ya no es lawfare: es persecución política con métodos propios de las dictaduras", escribió la expresidenta, en el marco del juicio considerado el mayor proceso por corrupción de la historia argentina.
Tortura psicológica y presiones durante el gobierno de Macri
Los hechos denunciados por Fernández habrían ocurrido entre 2017 y 2018 en una alcaidía ubicada en el barrio de Palermo, durante el gobierno de Mauricio Macri. Según el abogado Herrera, su cliente pasó casi un mes completamente aislado, bajo reflectores encendidos las 24 horas y siendo filmado sin interrupción, situación que, de acuerdo con organismos internacionales de derechos humanos, puede constituir una forma de tortura psicológica conocida como “blanca”.
La figura del “arrepentido” fue incorporada al Código Penal argentino en 2016, en medio de reformas judiciales impulsadas por la administración de Macri. Bajo esta ley, los imputados pueden colaborar con la Justicia a cambio de reducciones de pena. Manzanares, que fue contador de la familia Kirchner-Fernández durante más de dos décadas, fue uno de los testimonios clave en la causa, señalada como central para reconstruir el presunto circuito de sobornos a cambio de contratos públicos durante los gobiernos kirchneristas.
Un juicio histórico con 87 acusados
La llamada “causa de los cuadernos” investiga una supuesta asociación ilícita integrada por funcionarios y empresarios, que habría operado entre 2003 y 2015 para canalizar pagos ilegales vinculados a la obra pública. El juicio oral comenzó la semana pasada y tiene a 87 personas imputadas, entre ellas a la propia Fernández, exministros, exsecretarios de Estado y poderosos empresarios del sector de la construcción.
El fiscal federal Carlos Stornelli, uno de los impulsores de la investigación, había señalado que los aportes de Manzanares fueron fundamentales para reconstruir los circuitos de lavado de dinero y direccionamiento de contratos.
La denuncia de Fernández se suma a una larga serie de críticas sobre el uso de la figura del arrepentido, que ha sido cuestionada por sectores del peronismo y por organismos de derechos humanos, al considerarla susceptible de abusos y presiones indebidas en contextos judiciales altamente politizados.
Con información de EFE
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