Controlada situación en Parque Soldati

Las miles de personas que mantienen tomado el parque Indoamericano, en el barrio de Villa Soldati, recibieron con aplausos a los efectivos de la Gendarmería que cercaron el lugar y a los de la Prefectura, encargados de garantizar la seguridad en los alrededores.

"Pasamos mal la noche por el frío, la lluvia y el barro", dijo una de las ocupantes del parque, quien, como el resto, afrontó las inclemencias del tiempo dentro de tiendas improvisadas con cartones, bolsas y maderas.

Gran parte del parque, de unas 100 hectáreas, ha sido dividido en parcelas con palos y sogas por las casi mil familias que se asentaron en el lugar y prometen no dejarlo hasta que el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires les dé viviendas.

El Ejecutivo de Argentina y el opositor que comanda la capital mantuvieron el sábado una reunión con representantes de los okupas en la que no se llegó a una solución de fondo para el problema.

El Gobierno de Cristina Fernández ofreció tierras, pero el alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, no se comprometió a financiar la construcción de viviendas.

El gabinete nacional decidió el envío de fuerzas de seguridad a la zona para su "pacificación", a lo que se había negado en días previos, incluso pese a una orden judicial en ese sentido.

Los efectivos enviados al parque no tienen órdenes de desalojarlo, sino de evitar que otras personas entren a tomar el lugar.

Incluso, "el ingreso y egreso de ocupantes está siendo controlado por la misma gente, ya que no permiten que entren personas que no sean las que ya estaban dentro del predio", dijo el portavoz de la Gendarmería, Pablo Lavenir.

Quienes ya ocupan el lugar serán censados para ser incluidos en las eventuales medidas que se tomarán para resolver el problema de fondo en nuevas reuniones convocadas para esta semana.

Tres de los ocupantes, dos bolivianos y un paraguayo, fueron asesinados en el parque tras la ola de violencia desatada el martes pasado, cuando la policía intentó desalojar el lugar por orden judicial, tras una denuncia del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

El Gobierno nacional y el de Macri mantienen abiertas diferencias respecto del papel de la policía federal, que depende del primero y que Cristina Fernández se niega a utilizar para reprimir demandas sociales.

Agencias