Los consejeros electos por los trabajadores de la Administración Nacional de la Educación Pública (ANEP) emitieron una declaración este miércoles, en la que cuestionan el anteproyecto de ley urgente y su "planteo privatizador" de la educación.

Según señalan, el "extenso anteproyecto aspira a una reforma" del Estado que implica un "cambio cultural muy profundo" en nuestro país.

De los 427 artículos, 68 señalan a educación, "anticipando un planteo de privatización y mercantilización", que "confirma el carácter regresivo y que además profundiza como nunca en propuestas intrínsecas al neoliberalismo".

"El diagnostico que plantean para la reforma del gobierno es que la educción está en crisis y para revertirla existe la necesidad de retomar el control partidario. Por tal motivo, se debe garantizar que el gobierno no pueda ser afectado por la participación social, en la medida en que esta impide llevar adelante los cambios propuestas, y el cumplimiento de estos solo se garantiza con la propuesta de fortalecimiento del MEC", especifican.

Los cambios que se proponen, agregan, no refieren solamente a la estructura del gobierno de la educación, "sino que constituyen modificaciones en la concepción del mismo, desmantelamiento de áreas y formas de administración" de los servicios de la educación.

Entre los puntos que rechazan está la eliminación del Sistema Nacional de Educación Pública, que no es solo un "cambio de denominación", sino que "habilita la injerencia de institutos privados de educación en la conducción del sistema público".

"La sociedad uruguaya históricamente ha optado por el sector educativo público por sobre el privado en todos sus niveles. En 2018, el 84,3% de los alumnos de los niveles obligatorios asistían a instituciones educativas de la Anep", enfatizan.

Luego subrayan que la "centralidad" que se le da al MEC en la conducción de la educación "cambia la relación entre lo público y lo privado, entre la educación como una cuestión de Estado o una cuestión partidaria".

"De esta forma se da la casi desaparición de la autonomía de la Anep a favor de un MEC que adquiere más potestades y poder", cuestionan.

También señalan en la perdida del carácter colegiado de los Consejos de Educación Inicial y Primaria, Técnico Profesional y Secundaria, que se transformarán en Direcciones generales.

"La sustitución de los consejos por direcciones unipersonales propone figuras más próximas a cargos gerenciales del ámbito privado que a una fórmula que permite la correcta conducción del sistema de educación pública".

"Recortar la participación en el gobierno, en este y en todos los casos que plantea el anteproyecto implica un retroceso en la organización democrática del Estado con respecto a la presencia de todos los actores sociales organizados, más aún cuando se desplaza una representación y se jerarquiza y aumenta la de los actores privados", añaden.

Finalizan con la "flexibilización laboral" que se dará con el cambio en las "garantías que amparan a los docentes" a través del estatuto del funcionario.

"Se abre la posibilidad de que el Consejo Directivo Central cree nuevos estatutos docentes sin derogar los anteriores, lo que implica que existe un escenario factible en el que algunos funcionarios se rijan por un estatuto y otros por otro. Esto traerá aparejado diferentes derechos, obligaciones y remuneraciones a docentes de un mismo escalafón y grado", sentencian. 

El comunicado es firmado por Juan Pérez, consejero electo del Codicen, Pablo Caggiani, consejero del CEIP-ANEP, y Carlos Rivero, consejero del CES.