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En la tarde del lunes quedó conformado el nuevo directorio del ente, integrado por el presidente de UTE, Beno Ruchansky, el jerarca de OSE, Martín Ponce de León, y el titular del Banco República, Fernando Calloia. Así lo expresa un comunicado publicado en el portal de Presidencia, que además señala que “que habida cuenta que el directorio de ANTEL se encuentra parcialmente desintegrado, y que resulta conveniente proveer los cargos en forma interina para garantizar el buen funcionamiento del organismo”, se designa a estas tres personas, con probado desempeño en la actividad pública.
"Ninguna de las contrataciones ha sido irregular pero el gobierno las considera inconvenientes", dijo Sendic, en alusión al "impostor" Elbio Román y el ingeniero Juan Carlos Pignataro, hijo de la ex vicepresidenta Gladys Uranga. También aclaró que el gobierno "no tiene paranoia" en este asunto, en relación a las sospechas de espionaje industrial.
Se informó también que Vázquez ya firmó junto a Sendic la baja de Pignataro, con lo cual el ingeniero queda oficialmente desvinculado de trabajo que cumplía en Antel.
El nombramiento
La idea que manejaba el gobierno, era integrar a jerarcas que hoy en día ya integran la administración. Se pretende aprovechar la experiencia que tienen en la gestión.
En otro orden, continúan las investigaciones para establecer los mecanismos utilizados por Elbio Román para ingresar en Antel gracias a un pedido que nunca existió del prosecretario de la Presidencia, Jorge Vázquez. La justicia también intenta establecer si el ex agente de policía, hoy procesado con prisión, tuvo acceso a información privilegiada de la empresa.
Según publica el diario El País, la jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti y la fiscal Mónica Ferrero quieren ampliar la investigación. Sospechan que pueda existir una maniobra más compleja que la sola intención de obtener un empleo público.
Las pericias de la División de Delitos Informáticos y señalaron que existen "indicios" de que Román sustrajo información privilegiada del organismo estatal.
Según información publicada por Últimas Noticias, la Policía sospecha que Román pretendía llevar adelante estafa millonaria contra Antel para luego escapar hacia Argentina.
Los investigadores presumen que el funcionario pretendía escalar posiciones dentro de Antel, interiorizarse de los movimientos bancarios del ente y falsificar firmas de las autoridades. Ese fue el mecanismo que utilizó con la firma del prosecretario de la Presidencia, Jorge Vázquez, en una nota membretada en la que solicitaba tres laptops para trabajar desde su domicilio.
"Más allá del bosque"
En la tarde del domingo, el ex presidente del ente Edgardo Carvalho, dijo, con respecto al caso de Antel, que “hay que mirar más allá de las ramas y mirar el bosque”.
El ex funcionario destacó que Antel es “una empresa pública de la cual debemos estar orgullosos todos los uruguayos”, y remarcó que “hace 4 años que no aumenta las tarifas, y no sólo no las aumenta, sino que las rebaja”.
Para Carvalho, la actual gestión de la empresa permitió “destruir uno de los viejos mitos de la administración central, que es que las empresas públicas son ineficientes, y Antel demostró lo contrario”.
Sobre la renuncia de Gladys Uranga, el ex presidente de Antel recomendó “que se investigue más para cerrar el caso”, al tiempo que pidió a los medios de comunicación “que informen con más cuidado cuando se habla de una jerarca con 37 años de gestión ejemplar”.
¿Espionaje industrial?
Por otro lado, se van conociendo más detalles sobre la operativa utilizada por Elbio Román para poder burlar al antiguo directorio de Antel. El ex agente utilizó un sofisticado maletín de US$ 300.000 para modificar su voz y simular ser el prosecretario de presidencia, Jorge Vázquez.
Gracias a ese mecanismo logró hablar con el presidente de Antel, Edgardo Carvalho y con un ex asesor de Gabriel Perera. Elbio Román ya fue procesado por estafa y falsificación
La investigación de caso Antel esta en manos del propio prosecretario de presidencia y en el seno del gobierno, se maneja la posibilidad que se trate de un "operativo de inteligencia". Mientras integrantes del gobierno consideran que el movil pudo haber sido tratar de desprestigiar al gobierno, otros los vinculan con un espionaje empresarial.
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